Por MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
Las filas interminables en las estaciones de servicio no son un fenómeno natural ni un simple accidente logístico. Son el reflejo de una crisis de gestión que evidencia a un Gobierno sin respuestas frente a un problema que ya golpea de manera directa la economía de las familias bolivianas.
El colapso en el abastecimiento de combustibles encarece los productos de primera necesidad, reduce los ingresos de trabajadores independientes y transportistas y tensiona la movilidad urbana. El costo de esta ineficiencia, sin embargo, no lo paga el presidente desde su despacho: lo paga el ciudadano de a pie.
Un camión detenido durante horas en una fila no produce. Un agricultor que no consigue diésel no puede trabajar su tierra. Un taxista que pasa buena parte de su jornada buscando combustible deja de generar ingresos. Y ese costo termina trasladándose al consumidor, que paga más por el transporte, las verduras, el pan y otros productos esenciales.
La escasez de gasolina y diésel dejó de ser un problema exclusivamente técnico o de importación para convertirse en una crisis cotidiana. La interrupción de la cadena de distribución afecta a los sectores productivos, encarece la logística y golpea directamente los ingresos de quienes viven de su trabajo diario.
Resulta censurable la falta de empatía con quienes viven al día: choferes, agricultores, comerciantes y trabajadores independientes. Cada hora perdida en una fila es una hora en la que no se genera actividad económica. El Estado, en lugar de facilitar la producción y el trabajo, termina convirtiéndose en un obstáculo.
Pero existe un riesgo todavía mayor: el impacto sobre el sector agropecuario y la seguridad alimentaria. Dejar al campo sin diésel durante periodos críticos de siembra o cosecha no es un error menor. Puede comprometer la producción, elevar los costos agrícolas y generar, a mediano plazo, mayores dificultades para abastecer de alimentos a la población.
Señores del Gobierno: es hora de dejar de lado la terquedad y los dogmas ideológicos. Existen alternativas concretas y lo que hace falta es tomar decisiones. Algunas podrán tener un costo político, pero gobernar implica precisamente asumir decisiones difíciles cuando está en juego el bienestar de la población.
Primero, se debe transparentar la situación y presentar un cronograma real, público e integral de importación y abastecimiento de combustibles. La población necesita certezas, no explicaciones cambiantes.
Segundo, es urgente habilitar mecanismos ágiles de importación y comercialización por parte del sector privado, especialmente para actividades estratégicas como la agroindustria y el transporte pesado, reduciendo la presión sobre un Estado que enfrenta restricciones financieras.
Tercero, debe establecerse una priorización efectiva del suministro de diésel hacia las zonas de producción agrícola y los corredores logísticos estratégicos, con el objetivo de evitar que una crisis de combustible termine convirtiéndose en una crisis de alimentos.
Y cuarto, corresponde encarar una revisión profunda del gasto público, reduciendo el gasto corriente improductivo y la burocracia innecesaria para liberar recursos y divisas destinados a financiar la importación de combustibles e insumos esenciales.
Gobernar no significa pedir paciencia desde la comodidad de un escritorio ni buscar culpables mientras las calles se paralizan. Gobernar significa resolver.
Cuando la falta de gestión detiene los motores del país, la factura no la paga la política: la paga la familia en la mesa de su hogar.
Bolivia necesita decisiones, certezas y soluciones. Es hora de dejar el dogma de lado y devolverle al ciudadano algo tan básico como la seguridad de que mañana podrá salir a trabajar.
