Casi 8 de cada 10 ciudadanos expresan su desaprobación al servicio de transporte urbano que se presta en Santa Cruz de la Sierra, según los estudios de percepción sobre grandes problemas de la capital cruceña. De ahí la importancia de la aprobación de la nueva Ley Autonómica Municipal Integral de Tránsito y Transporte del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, que ya tienen en su poder los concejales.
El principal impulsor del reordenamiento y la modernización del servicio del transporte en la ciudad más poblada del país es el Ing. José Carlos Cuéllar, secretario municipal de Movilidad Urbana, que en el proyecto de ley presentado al Concejo apunta no solo a recuperar el gobierno total y pleno del servicio, sino también a formalizar el negocio obligando a que los que tengan concesión cumplan con la ley general del trabajo.
La nueva norma, en la que se compilan todas las ordenanzas y leyes en la materia, se contempla la concesión de rutas solo a privados, es decir, a personas naturales o jurídicas, a fin de que con la modalidad de prestación se formalicen como operadores y puedan aportar a un fondo de pensiones, dar seguro de salud y sueldo fijo a sus trabajadores.
Establece que se suscribirán contratos administrativos de concesión, tomando en cuenta a los operadores de transporte urbano que estén prestando servicios. “Tendrán una margen de preferencia en los criterios de selección por los derechos adquiridos o pre-existente.
Los transportistas asumen todas las responsabilidades de financiamiento e operaciones y contratación de personal. En caso de incumplimiento el municipio se reserva el derecho de rescisión”, señala el proyecto de ley.
Fin del negocio de las líneas. Los concesionarios o transportistas no podrán transferir, ceder, subrogar, parcial o completa la concesión a un tercero, solo se lo podrá hacer en manera excepcional o de necesidad pública, pero previa autorización del municipio. La concesión es hasta 15 años, con la posibilidad de renovar por otros 15 años, dependiendo de la calidad de servicio.
“Ellos (los transportistas) deben presentar su documentación legal de que en la actualidad están cumpliendo con la normativa exigente para que puedan acceder a las nuevas concesiones antes que se promulgue la nueva ley. En caso que no lo hagan, en teoría no tendrían que operar en la ciudad, pero creo que no tendrán problemas es hacerlo”, destacó Pablo Pérez, asesor jurídico de la Secretaría de Movilidad Urbana.
José Carlos Cuéllar, secretario municipal de Movilidad Urbana, impulsa la ley que modernizará el transporte de la ciudad.
Licitación pública de líneas. La nueva ley también se juega por la licitación pública de las líneas, con lo cual se cierra la posibilidad de favorecer a sectores o concesionar en forma improvisada.
Las formas de prestación del servicio de transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra serán las siguientes:
- PRESTACIÓN DIRECTA: Estará a cargo del GAMSC.
- PRESTACION INDIRECTA O TERCERIZADA: A través de operadores de transporte urbano, mediante la otorgación de AUTORIZACIONES O CONCESIONES MUNICIPALES (enmarcadas en la NB-SABS D.S. 181 por Licitación Pública, con un margen de preferencia en los criterios de selección por los derechos adquiridos o pre-existentes. Con VIGENCIA hasta (15) años, determinada por la inversión proyectada, determinada por los estudios que realice la SEMURB: 1.- Estudio de ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANA “BIG DATA- GOOGLE ANALITICS” y 2.- ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ ORIGEN-DESTINO DEL TRANSPORTE PÚBLICO “PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO”. Podrá renovarse por un periodo igual, previo informe técnico, económico y legal que así lo justifique. No se podrá ceder, transferir ni subrogar el contrato de concesión municipal).
Tarifas y regulación. Entre otras cosas la normativa, que ya está hace varios días en el Concejo para su aprobación, establece claramente que la regulación de la tarifa es atribución exclusiva del Gobierno municipal, en esta también se permite gestar políticas de integración tarifaria. Mediante ley se fijarán tasas de regulación e incentivos tributarios, entre los cuales se encuentran las de regulación y fiscalización.
La ley establece las bases, normas y principios para la planificación, proyección, regulación, supervisión y control de la prestación del servicio de transporte urbano, registro de propiedad del automotor, ordenamiento, educación y seguridad vial, operaciones de las diferentes modalidades y el desarrollo del plan maestro integral de tránsito y transporte urbano-metropolitano.
Urge que se aprueba y promulgue la nueva ley para poner fin al congestionamiento en los horarios picos generados por los vehículos de transporte público y privado. El diagnóstico señala que transporte público tiene fallas en el servicio e infraestructura, las cuales impiden brindar calidad y seguridad, así como también hay necesidad de innovar tecnológicamente para afrontar la deficiencia en los semáforos.
Es más que obvio que el crecimiento de población demanda más señalética en distintos puntos de la ciudad, mejorar la cultura vial de la gente y, por ende, se requiere más control de espacios y en las vías públicas.
