El Gobierno de Luis Arce en apenas 48 horas postergó el censo. El miércoles se informó que la decisión se tomó en la última reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que se realizó con el presidente Luis Arce, varios gobernadores y representantes de municipios. Este jueves aprobó el Decreto Supremo 4760 sellando su reprogramación para mayo y junio de 2024.
El argumento para postergar el censo se basa en la pandemia de COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los municipios, condiciones climáticas, entre otros.
Sin embargo, en Santa Cruz rechazan la determinación y un comité institucional regional se declaró en emergencia. Incluso se habla de adoptar medidas de hecho, porque se considera que con la postergación se pierden derechos económico y político. Las principales autoridades de la Universidad “Gabriel René Moreno”, la Gobernación y la alcaldía se han pronunciado en contra de la postergación.
Cómo afectará la postergación. El José Luis Santistevan, secretario municipal de Autonomía, remarca que hay dos perjuicios graves para la región. El primero referido a la economía, ya que en los dos años de postergación dejará de percibir más de $us 100 millones, dinero que va está beneficia a los ciudadanos con salud, educación y obras básicas. Y el segundo tiene que ver con que 500.000 ciudadanos que se vinieron a radicar a Santa Cruz se quedarán sin representación parlamentaria.
“Nosotros creemos que es una confabulación no solo contra Santa Cruz, sino contra el Estado boliviano. Ya vivimos una ausencia de Estado constitucional de derecho, porque vemos que el presidente en cualquier momento dicta un decreto y en par de horas o al otro día lo anula. Y se acabó”, lamentó.
Para Santistevan en un modelo, cualquier sea el país democrático, de planificación, distribución de recursos y redistribución de escaños (derecho político) es un tema de Estado de derecho. Quiere que ningún presidente u órgano puede rehuir a realizar el censo, en este caso cada 10 años.
“Con la nueva Constitución y la inclusión de la democracia directa, creímos que el Estado se iba a fortalecer. El artículo 305 de la Constitución dice que toda competencia tiene que estar acompañada de recursos. (recordó que tanto las alcaldías y las gobernaciones tienen más de 30 competencias). La normativa señala que a 6 meses de haberse realizado el censo tenía aprobarse un pacto fiscal, pero van más de 10 años y no lo hay. Quiere decir que el Gobierno se lleva el 89% de los recursos del país y el 11% van para los gobiernos autónomos”, precisó Santistevan en una entrevista radial con Carlos Valverde.
A partir de no cumplir con la redistribución, cree que desde el Gobierno nacional se cometen abusos de gastar recursos. “No olvidemos que se han construidos sedes sindicales y han procedido a realizar contrataciones directas. Pese a que son competencias municipales, han hecho canchas deportivas y otras obras. En realidad, lo que hubo es una deformación estatal”, criticó el secretario municipal de confianza del alcalde Jhonny Fernández.
ANTE POSIBLES MEDIDAS, EL GOBIERNO SEÑALA RESPONSABLES
Ante la declaración de emergencia y posibles medidas de presión en Santa Cruz, el Gobierno acusa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de utilizar la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda para generar “confrontación y desestabilización” en la población.
La posición fue fijada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien consideró que al gobernador cruceño y al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvos, “no les interesa” los intereses de su región con los llamados a “asumir acciones” por la decisión asumida en el Consejo Nacional de Autonomías.
Según Prada, Camacho solo busca con las advertencias de activar movilizaciones “tapar la incapacidad es su gestión” y no dar respuesta a los problemas que “verdaderamente le interesan al pueblo cruceño”.
El Comité Interinstitucional Impulsor de Censo de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y convocó a una cumbre para este viernes. Será instancia donde se puedan asumir posibles medidas de presión.
El Gobernador cruceño calificó como “ilegal” lo asumido por el Consejo Nacional de Autonomías y que la administración del presidente Luis Arce “no ha tenido la valentía de decir: somos unos ineptos y no hemos podido llevar adelante un Censo”.
La propia Prada reconoció que el Consejo Nacional de Autonomías “no tiene esa potestad” de definir la reprogramación de la fecha, pero que el Gobierno recogió las sugerencias y recomendaciones de otras regiones para que “realmente sirva como herramienta de planificación para las regiones”.
