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martes, octubre 4, 2022
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Fiscalía busca al presentador Pablo Llanos y otros periodistas para que respondan por contratos irregulares en BTV

Los investigadores al no encontrar al presentador de televisión Pablo Llano en su domicilio y en territorio nacional, la Fiscalía decidió notificarlo mediante edicto para que se presente a declarar por una denuncia en su contra cuando era funcionario de la Empresa Estatal Bolivia Tv en 2020.

“El Ministerio Público ha convocado a Llanos para que asuma defensa dentro del caso, pero los investigadores no han pedido establecer que este ciudadano se encuentre en territorio nacional; por ello, ha activado la notificación mediante edictos y se está cumpliendo con los plazos para remitir un requerimiento ya sea de una imputación formal”, informó el fiscal Junior Flores en conferencia de prensa.

Llanos fue contratado como “conductor 2” en la Empresa Estatal Bolivia Tv, el sueldo para ese ítem era de Bs. 6.000, pero al tratarse de un conductor «reconocido» ordenó que se le hiciera un contrato con un salario superior a Bs 10.000. Según el documento, al que tuvo acceso la ANF, se creó un cargo que no existía como “Coordinador Enlace Presentadores – Prensa”.

En fecha 30 de junio de 2020 se suscribió el primer contrato modificatorio ampliando los servicios de Pablo Llanos por tres meses más, hasta el 30 de septiembre, incrementando el contrato inicial por Bs 34.494.

Esta situación se revela por un informe circunstanciado BTV/UAV/INF CIR N002/2021 de 3 de diciembre de 2021 emitido por el jefe de Auditoria Interna de la empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv que detalla la participación de Llanos y otras cinco personas más.

La denuncia va en contra también del conductor de radio Andrés Rojas, en ese entonces era ejecutivo de la televisora. Según el fiscal Flores, el acusado decidió modificar el Plan Operativo Anual (POA) en un día para que cinco funcionarios puedan acceder a diferentes cargos sin cumplir los requisitos exigidos.

Rojas, Llanos y otras cuatro personas fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por un presunto daño económico al Estado de Bs. 84.701.

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