En una extensa sesión desarrollada durante la madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de dos tercios el Decreto Supremo 5636, que declara estado de excepción por conmoción interna durante 90 días, respaldando así la decisión del Gobierno de aplicar medidas extraordinarias para enfrentar los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de 50 días.
La determinación legislativa se produjo en medio de un intenso debate político y pese a la oposición expresada previamente por el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, quien había cuestionado la medida junto a parlamentarios disidentes del PDC y de Alianza Popular.
La sesión estuvo marcada por la ausencia de Lara durante gran parte de la discusión y la votación final, luego de sufrir una descompensación de salud que obligó a su traslado a un centro médico, según informó el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, quien asumió la conducción de la sesión.
El decreto aprobado establece restricciones excepcionales, entre ellas la prohibición de bloqueos de carreteras y la portación de armas, además de facultar al Gobierno a desplegar efectivos policiales y militares para garantizar la libre circulación en las principales rutas del país.
La convocatoria a la sesión también generó controversia. Lara citó a los legisladores para las 23:00 del sábado, pocas horas después de haber recibido el decreto del Ejecutivo y bajo la modalidad de asistencia presencial obligatoria. Parlamentarios favorables a la medida denunciaron que la convocatoria dificultó la presencia de algunos legisladores debido a la limitada disponibilidad de vuelos y conexiones terrestres.
Durante el debate, los defensores del estado de excepción sostuvieron que los bloqueos han provocado graves perjuicios económicos y sociales, calificándolos como acciones que atentan contra los derechos de la población. Asimismo, cuestionaron la demora del Gobierno en asumir esta decisión y criticaron el papel desempeñado por algunas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, a las que acusaron de mantener una posición complaciente con los sectores movilizados.
Las bancadas de Libre, Unidad y Súmate expresaron su respaldo al decreto, inclinando la balanza a favor de la medida. Finalmente, cerca de las 02:30 de la madrugada, se procedió a la votación que consolidó la aprobación de la norma.
“Por lo tanto queda vigente el estado de excepción en Bolivia”, anunció Diego Ávila al concluir la sesión, oficializando el respaldo legislativo a una de las decisiones más trascendentales adoptadas por el Gobierno en el actual escenario de conflictividad social y política. La aprobación abre una nueva etapa en la gestión del conflicto, marcada por la intervención directa de las fuerzas del orden para restablecer la circulación en las carreteras y contener las movilizaciones que mantienen paralizado parte del territorio nacional.
