La situación de Nadia Beller abrió un nuevo capítulo político y judicial. La abogada solicitó asilo en la Embajada de México en Bolivia y espera una respuesta del Gobierno boliviano sobre el salvoconducto que le permitiría salir del país, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el supuesto intento de feminicidio denunciado en agosto y sus acusaciones contra el argentino Fernando Cerimedo.
La diputada Claudia Bilbao afirmó este lunes que Beller habría actuado como una infiltrada dentro de un supuesto complot dirigido a desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Según la legisladora, la operación habría involucrado a exautoridades judiciales, entre ellas Roger Mariaca y Romer Saucedo, y habría tenido como objetivo generar una crisis política en el Ejecutivo.
Bilbao vinculó el pedido de asilo con la situación de quienes, según su denuncia, habrían participado en esa estructura. Sin embargo, sus afirmaciones constituyen una interpretación política que deberá ser respaldada por elementos de investigación y decisiones judiciales.
El caso Cerimedo continúa sin una definición
Beller denunció haber sido víctima de un supuesto intento de feminicidio el 17 de agosto en Santa Cruz y señaló al exasesor presidencial Fernando Cerimedo como involucrado. Desde entonces, también difundió audios y presentó denuncias sobre presuntos hechos de corrupción que alcanzaron al presidente Rodrigo Paz y a personas de su entorno, incluida la primera dama, María Elena Urquidi.
No obstante, hasta el momento, según los antecedentes proporcionados para esta nota, no se ha establecido judicialmente la participación de Cerimedo en el hecho denunciado el 17 de agosto. Entre los antecedentes también figura una denuncia de violencia presentada por Beller por un supuesto episodio ocurrido en junio.
La audiencia de medidas cautelares en la que Cerimedo buscaba recuperar su libertad fue suspendida este lunes y reprogramada para el miércoles 18 de noviembre, a las 09:00. Esa audiencia será importante para conocer la situación procesal del ciudadano argentino y los elementos que sustentan las medidas judiciales en su contra.
Cancillería confirma el pedido de salvoconducto
El canciller Héctor Huanca confirmó que el Gobierno recibió la solicitud de salvoconducto presentada por la Embajada de México para Nadia Beller, quien se encuentra en esa sede diplomática.
«Hemos recibido la solicitud presentada por la Embajada de México. Estamos analizando», manifestó la autoridad, al explicar que la decisión no depende exclusivamente de la Cancillería, sino que también involucra al Ministerio de Gobierno y otras instancias estatales.
Huanca aclaró que no existe un plazo definido para responder al requerimiento y señaló que Bolivia no ha ratificado el convenio al que se hace referencia en este procedimiento. También descartó que el asunto vaya a afectar las relaciones diplomáticas entre Bolivia y México.
La situación tiene una connotación política adicional porque México fue el país donde Evo Morales permaneció después de las elecciones de 2019, antes de trasladarse a Argentina.
Una controversia que exige pruebas y responsabilidades
El caso Beller-Cerimedo se convirtió en un conflicto que trasciende el ámbito privado y judicial. Las denuncias, los audios difundidos, las acusaciones contra autoridades gubernamentales y las versiones sobre un supuesto complot colocaron al Ejecutivo en medio de una disputa política de alto impacto.
Mientras Bilbao sostiene que Beller habría formado parte de una operación para desestabilizar al Gobierno, la solicitud de asilo y el pedido de salvoconducto abren otro frente institucional: determinar qué condiciones jurídicas corresponden para resolver su salida del país.
La cuestión central sigue siendo la misma: establecer qué ocurrió el 17 de agosto, qué pruebas respaldan las acusaciones contra Cerimedo y si existió una operación política detrás de las denuncias y filtraciones.
La responsabilidad penal no puede establecerse mediante declaraciones políticas ni quedar descartada por ellas. Corresponde a las autoridades investigativas y judiciales esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que ninguna persona sea utilizada como instrumento de una disputa de poder.
