La mayoría de quienes hablan -bien o mal- de la Auditoria de la OEA realizada entre el 31 de octubre y el 4 de diciembre de 2019 (el informe preliminar se conoció el 10 de noviembre), no están al tanto de su contenido que se puede encontrar en este enlace: https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/, escribió en su cuenta de Twitter
Por esa razón, le parece importante hacer conocer algunos de los hallazgos y evidencias más importantes de dicha auditoría, que demuestran la perpetración de un gigantesco delito de fraude electoral el 20 de octubre de 2019, agrega.
Principales evidencias
1.- Paralización intencional y arbitraria del Sistema de Transmisión de Resultados preliminares (TREP), cuando se tenían divulgadas el 83,76% de las actas. Se ocultó un 5,58% de actas verificadas (en ese momento se habían verificado ya el 89,34%) y no se hizo público ese porcentaje. Esa paralización duró más de 22 horas.
2.- Introducción de dos servidores no contemplados en la infraestructura tecnológica, a los que se desvió intencionalmente información del TREP. Uno de ellos siguió funcionando en las horas en que el sistema se “apagó”.
3.- Se mintió sobre la configuración de uno de los servidores. Se reconoció la existencia de un servidor declarado como “pasarela” de datos, sólo cuando se probó su existencia que no había sido declarada.
4.- Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico de datos a una red que estaba fuera del control del personal técnico del TSE.
5.- Esa red paralela, permitió la manipulación de datos, suplantación de actas y otras maniobras irregulares.
6.- Los vocales del TSE habilitaron el acceso y manipulación de información y datos a una persona que no trabajaba en el TSE (a través de una computadora Linux AMI), quien accedió a la información electoral el 21 de octubre de 2019 en plena ejecución del TREP. El TSE dio información falsa sobre dicha maquina.
7.- El TSE dio información falsa sobre cuál fue el servidor que usó para la difusión pública de datos, mezclando informes sobre los servidores que realmente usó.
8.- Se constató que personal de la empresa contratista NEOTEC, que instaló todo el sistema del TREP, tuvo acceso a los servidores, a pesar del pedido de los auditores de la OEA, de que mientras se realizara la auditoría nadie podía ingresar a los servidores.
9.- Se comprobaron irregularidades en el llenado de actas. En una muestra aleatoria de 4.692 actas, se comprobó que 226 correspondientes a 86 centros de votación distintos de 47 municipios, fueron llenadas por una misma persona. Esa muestra corresponde a 38.001 votos, de los cuales el 91% se adjudicó al MAS.
10.- Se quemó un número indeterminado de actas y 13.100 listas de electores habilitados, lo que impidió contrastar la información consignada en las actas de escrutinio.
11.- No se preservaron las imágenes del TREP, lo que impidió la constatación de la autenticidad de las imágenes y la fuente de donde fueron tomadas.
12.- Se modificó el procesamiento de actas del exterior, cuando estas estaban ingresando al sistema.
13.- Se pasaron por lo menos 1.575 actas del TREP directamente al computo oficial, cuando ambos sistemas debieron ser completamente independientes uno del otro.
13.- 12.925 actas (37% del total) tenían observaciones para hacer aclaraciones, de ellas 2.326 actas tenían que ver con errores o modificaciones de la cantidad de votos registrados para cada partido.
14.- El análisis estadístico realizado revela que la victoria de Morales en primera vuelta es estadísticamente improbable. Tal triunfo se produjo por un aumento de los votos del MAS en el 5% final del computo. En ese tramo final se produjo un quiebre en la línea de votos entre el MAS y Comunidad Ciudadana (CC). El tamaño de tal quiebre es extremadamente inusual y pone en duda toda la credibilidad del proceso.
Conclusiones
La auditoria de la OEA detectó una manipulación dolosa de la elección. En las actas: alteración y falsificación de firmas de jurados, de manera significativa. En el procesamiento: manipulación y redireccionamiento de datos a servidores ocultos, haciendo posible la suplantación de actas con participación directa o tolerancia negligente por parte de las autoridades del TSE.
