A 17 años del operativo en el Hotel Las Américas, el caso vuelve al escenario político y judicial. Alcides Mendoza, David Sejas y Alfredo Saucedo, quienes en su momento fueron vinculados al proceso, presentaron una querella penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra 153 exautoridades políticas, policiales, judiciales y fiscales, a quienes atribuyen presuntas vulneraciones de derechos humanos durante y después de los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009.
Los denunciantes sostienen que el operativo y las actuaciones posteriores formaron parte de una estrategia de persecución política impulsada durante el gobierno de Evo Morales contra sectores opositores, varios de cuyos integrantes —según la denuncia— terminaron en el exilio.
La nueva querella busca establecer responsabilidades individuales y sancionar a quienes, según los denunciantes, participaron en acciones que derivaron en persecución, procesos judiciales y vulneraciones de derechos fundamentales.
Asimismo, reclaman el cumplimiento de las medidas de reparación y recomendaciones emitidas en el ámbito internacional y demandan una investigación independiente que permita esclarecer responsabilidades por los hechos.
David Sejas afirmó que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas con el caso no estarían avanzando como corresponde.
“No avanzan recomendaciones CIDH en caso Hotel Las Américas”, sostuvo.
Sejas también señaló que la CIDH podría emitir en las próximas semanas una determinación sobre el caso y explicó que aún desconoce cuál sería el monto económico de una eventual reparación para los afectados.
“Lo que se reciba no reparará el tormento que hemos vivido”, afirmó.
El caso Hotel Las Américas, ocurrido en el marco de una operación policial contra un supuesto grupo separatista, permanece como uno de los episodios más controversiales de la historia política reciente de Bolivia y ha generado durante años denuncias de persecución política, cuestionamientos sobre el debido proceso y reclamos ante organismos internacionales.
La nueva querella podría reabrir el debate sobre las responsabilidades de las autoridades que participaron en las investigaciones y actuaciones judiciales derivadas de aquel operativo.
