Bolivia enfrenta una contradicción que se repite desde hace décadas: las regiones producen, generan actividad económica y contribuyen a la recaudación nacional, pero tienen escasa capacidad para decidir sobre los recursos que necesitan para atender sus propias demandas. Mientras la Constitución reconoce la autonomía departamental, el sistema de distribución presupuestaria mantiene una estructura centralizada que limita la capacidad de gestión de las gobernaciones.
Esta es la principal preocupación planteada por el exsenador y actual secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Germán Antelo Vaca, quien cuestiona que las nueve gobernaciones del país no reciban ni un boliviano de la coparticipación tributaria nacional.
El debate volvió a cobrar fuerza tras la presentación del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, el pasado 30 de octubre, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. El documento contempla un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones, de los cuales las nueve gobernaciones administrarán alrededor de Bs 7.000 millones, equivalente a apenas el 2,1% del total.
Para Antelo, esta distribución refleja una desigualdad estructural: las regiones tienen responsabilidades y necesidades crecientes, pero dependen de ingresos limitados y de decisiones que se toman desde el nivel central.
Un modelo que concentra los recursos
El cuestionamiento apunta directamente al sistema de coparticipación tributaria vigente desde la Ley de Participación Popular de 1994. Bajo ese esquema, el 75% de los impuestos nacionales permanece en el nivel central del Estado, el 20% se distribuye entre los municipios y el 5% corresponde a las universidades públicas.
Las gobernaciones, en cambio, no reciben una participación directa de esa recaudación.
Según los datos expuestos por Antelo, durante 2025 la bolsa de coparticipación tributaria alcanzó Bs 48.433 millones. Sin embargo, los gobiernos departamentales continuaron dependiendo principalmente de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ingresos vinculados a la explotación de recursos naturales cuya disponibilidad se ha reducido.
El resultado, sostiene, es una pérdida progresiva de capacidad financiera para las regiones. Como ejemplo, menciona que la inversión pública departamental por habitante en Beni cayó de Bs 474 en 2014 a Bs 36 en 2025, mientras que en Pando descendió de Bs 1.477 a apenas Bs 1.
La situación de Santa Cruz también evidencia esta contradicción. El departamento concentra el 27,5% de la población boliviana, según el Censo 2024, pero su Gobernación contará con Bs 1.463 millones en el presupuesto de 2027, una cifra que representa aproximadamente el 0,44% del PGE consolidado.
El 15% que cambiaría la distribución
Frente a este escenario, las gobernaciones plantean acceder al 15% de la coparticipación tributaria nacional, sin modificar las participaciones que actualmente reciben los municipios y las universidades.
La propuesta supone reducir del 75% al 60% la proporción que retiene el nivel central, manteniendo intactos el 20% municipal y el 5% universitario.
De acuerdo con el cálculo presentado por Antelo, tomando como referencia la recaudación de 2025, ese 15% representaría Bs 7.265 millones adicionales al año para los gobiernos departamentales.
La distribución se realizaría en función de la población, bajo un criterio similar al que actualmente se utiliza para asignar los recursos municipales.
En términos departamentales, Santa Cruz podría recibir cerca de Bs 1.996 millones adicionales; La Paz, Bs 1.937 millones; y Cochabamba, Bs 1.289 millones. Los otros seis departamentos también incrementarían su capacidad financiera, con variaciones estimadas de entre el 38% y el 91%.
Para el planteamiento regional, el cambio permitiría sustituir progresivamente la dependencia de las regalías y del IDH por una fuente de ingresos más estable, vinculada a la recaudación tributaria nacional.
Salud, educación y caminos: el impacto de la redistribución
Más allá de la discusión política y presupuestaria, Antelo sostiene que la redistribución tendría consecuencias directas en la vida cotidiana de la población.
Su propuesta plantea destinar los nuevos recursos departamentales bajo una distribución referencial: 35% para salud, 20% para educación, 10% para seguridad ciudadana y 35% para desarrollo económico.
Aplicando esos porcentajes a los Bs 7.265 millones estimados, el país podría incorporar anualmente Bs 2.543 millones adicionales para salud, Bs 1.453 millones para educación, Bs 726 millones para seguridad ciudadana y otros Bs 2.543 millones para caminos productivos, riego, energía y generación de empleo.
En Santa Cruz, el impacto sería particularmente significativo. Según el cálculo de Antelo, la Gobernación dispondría de aproximadamente Bs 699 millones adicionales por año para fortalecer el sistema de salud.
Estos recursos podrían contribuir a consolidar las redes macrorregionales, incorporar personal médico, mejorar el equipamiento de los hospitales de tercer nivel y garantizar el funcionamiento de establecimientos hospitalarios como el de Montero.
El argumento parte de una realidad que conocen los habitantes de las provincias y los barrios: centros de salud sin suficiente personal, establecimientos educativos con infraestructura deficiente y caminos productivos que quedan interrumpidos durante la temporada de lluvias.
La tesis es que una mayor disponibilidad de recursos en los departamentos permitiría atender estas necesidades con decisiones más cercanas a la población y con autoridades que deben responder directamente ante sus ciudadanos.
El 50/50 vuelve a quedar pendiente
La presentación del PGE 2027 también reavivó el debate sobre el compromiso político de avanzar hacia una distribución de recursos bajo el modelo 50/50, planteado por el presidente y los nueve gobernadores durante la reunión realizada en agosto en la Casa de la Libertad.
Sin embargo, el proyecto presupuestario presentado el 30 de octubre no incorpora ese esquema de redistribución.
El ministro de Economía confirmó que el Gobierno todavía trabaja en la construcción del modelo, por lo que su aplicación no está contemplada en el presupuesto de la próxima gestión.
Para Antelo, esta postergación demuestra que las autonomías todavía no cuentan con la capacidad financiera necesaria para ejercer plenamente sus competencias.
En ese contexto, considera fundamental que el Gobierno y las gobernaciones concluyan y aprueben una Ley Especial de Coparticipación Tributaria que permita modificar la distribución de los ingresos nacionales y garantizar mayores recursos para los departamentos.
La autonomía necesita recursos
El planteamiento de Germán Antelo trasciende la discusión sobre porcentajes. En el fondo, pone en cuestión el modelo de organización financiera del Estado boliviano: un sistema en el que las regiones asumen responsabilidades, pero tienen una participación limitada en la distribución de los ingresos que genera el país.
La discusión también interpela al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa: ¿puede hablarse de autonomía departamental cuando las gobernaciones no participan directamente de la coparticipación tributaria?
La propuesta del 15% busca abrir una nueva etapa en la relación entre el Estado central y las regiones, con mayor capacidad de inversión, planificación y respuesta a las demandas ciudadanas.
El PGE 2027, por ahora, mantiene el esquema vigente y deja pendiente el compromiso de redistribución.
La conclusión de Antelo es que la autonomía no puede quedarse en una declaración constitucional ni depender de transferencias ocasionales. Necesita recursos, capacidad de decisión y mecanismos de fiscalización.
Porque una región que produce, aporta y sostiene buena parte de la economía nacional también necesita contar con los medios para resolver sus propios problemas.
La discusión de fondo ya no es solamente cuánto dinero reciben las gobernaciones, sino cuánto poder de decisión está dispuesto a ceder el Estado central para que Bolivia pueda desarrollarse desde sus regiones.
