La Central Obrera Boliviana (COB) exigió al Gobierno una atención urgente y transparente al pliego de demandas del Magisterio Urbano y advirtió que asumirá medidas de presión escalonadas a nivel nacional si persisten la falta de respuestas y la represión policial contra los trabajadores.
El pronunciamiento se produjo después de que los maestros urbanos cumplieran un paro de 24 horas en rechazo a la descentralización de servicios educativos y en protesta por el incremento de los precios de la canasta familiar.
La organización matriz de los trabajadores expresó su rechazo a la descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos, además de los servicios escolares, hacia los gobiernos locales. Según la posición sindical, estas medidas generan preocupación por las condiciones de funcionamiento del sistema educativo y la responsabilidad de su financiamiento.
Otro de los puntos centrales de la protesta es el déficit de ítems para el sector educativo y la insuficiencia presupuestaria, problemas que el Magisterio Urbano reclama resolver mediante una respuesta concreta de las autoridades nacionales.
COB denuncia represión policial
En el mismo pronunciamiento, la COB condenó la actuación policial contra los maestros durante las movilizaciones registradas en diferentes departamentos del país. La organización denunció el uso de gases lacrimógenos y hechos de violencia que calificó de desmedidos.
La dirigencia sindical advirtió que la falta de soluciones y la actuación de las fuerzas del orden podrían profundizar el conflicto y extender las medidas de protesta a otros sectores laborales.
“Exigimos al Gobierno una atención urgente y transparente al pliego del magisterio y advertimos que, de continuar la insensibilidad y el abuso policial, la COB asumirá medidas de presión escalonadas a nivel nacional hasta alcanzar soluciones concretas para toda la clase trabajadora”, señala el pronunciamiento.
Se abre un nuevo frente de conflicto
La advertencia de la COB plantea un nuevo desafío para el Gobierno, que deberá responder a las demandas del sector educativo en un escenario marcado por el encarecimiento del costo de vida y las diferencias sobre la administración de los servicios educativos.
Por ahora, el pronunciamiento sindical no precisa qué medidas de presión se ejecutarían ni establece un cronograma. La posibilidad de movilizaciones nacionales dependerá de la evolución del diálogo y de las respuestas que las autoridades den a las demandas del Magisterio Urbano.
El conflicto pone en discusión tres asuntos sensibles para el país: el financiamiento de la educación pública, la distribución de responsabilidades entre el Gobierno central y los gobiernos locales, y la capacidad de las autoridades para resolver las demandas laborales sin una escalada de la confrontación social.
