La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó y condenó este sábado la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel y anunció la convocatoria a un Ampliado Nacional de Emergencia para definir las próximas acciones del movimiento sindical.
En un pronunciamiento denominado “No al diéselazo del Gobierno”, la organización sindical calificó la medida como un “duro golpe” a la economía popular y advirtió que el incremento del precio del combustible tendrá efectos sobre el costo de la canasta básica y los ingresos de las familias trabajadoras.
La COB también cuestionó al Ejecutivo por, según su pronunciamiento, desconocer acuerdos y compromisos previamente suscritos con el ente matriz de los trabajadores. La dirigencia sindical sostuvo que el Gobierno habría optado por “el camino del paquetazo y la traición a la mesa de negociación”, pese a los espacios de diálogo instalados anteriormente.
Ampliado definirá medidas
Frente a la decisión gubernamental, la COB convocará a sus confederaciones, federaciones nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD) y Centrales Obreras Regionales (COR) a un ampliado nacional de emergencia.
El objetivo será analizar el nuevo escenario económico y social y definir las medidas de lucha que correspondan, de acuerdo con las determinaciones que adopten las organizaciones afiliadas.
La dirigencia cobista responsabilizó al Gobierno por la eventual conflictividad social que pueda generarse y señaló que las acciones serán determinadas por sus bases “en defensa del pan y la dignidad del pueblo boliviano”.
Diésel pasa a Bs 17,95
La reacción sindical se produce después de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel. El precio inicial establecido para el combustible es de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que se aplicaban anteriormente para la mayoría de los consumidores del autotransporte, según el reporte de ANF. El nuevo esquema contempla una referencia vinculada a parámetros internacionales.
El conflicto se abre ahora a una nueva etapa: la COB debe definir en su ampliado si optará por el diálogo, movilizaciones u otras medidas sindicales, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de contener el impacto de la eliminación de la subvención sobre los precios y los sectores productivos.
