El comandante general de la Policía Boliviana, Gral. Mirko Sokol, lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz al revelar que la institución enfrenta serias limitaciones operativas debido a la falta de combustible, situación que —según afirmó— impide garantizar el normal funcionamiento de patrullas y motocicletas policiales.
Durante una reunión con jefes policiales, Sokol sostuvo que el Ejecutivo no asegura el suministro de gasolina para las tareas diarias de la institución, por lo que, en algunos casos, los propios efectivos deben buscar la forma de abastecer de combustible a los vehículos destinados al patrullaje.
En ese contexto, calificó como una “demagogia” que el Gobierno anuncie incrementos salariales cuando, a su juicio, no está garantizando los recursos mínimos para el funcionamiento de la Policía Boliviana.
Las declaraciones representan un hecho políticamente relevante, ya que provienen de la máxima autoridad policial en funciones y reflejan un aparente malestar dentro de una de las principales instituciones del Estado, en medio de un escenario marcado por restricciones económicas y problemas de abastecimiento de combustibles.
A estas críticas se sumó una denuncia aún más delicada. El comandante general aseguró que entre seis y ocho oficiales con grado de mayor habrían reunido aproximadamente $us 2 millones con el objetivo de promover el ascenso de un coronel al cargo de comandante general de la Policía.
Según su versión, ese dinero habría sido entregado a un oficial que aspira al generalato para posteriormente ser ofrecido al ministro de Gobierno y al Órgano Ejecutivo con el propósito de influir en la designación del próximo comandante policial.
Sokol también afirmó que quien ocupa la Comandancia General puede llegar a recaudar hasta $us 5 millones al año mediante el manejo de destinos y cambios de destino dentro de la institución, una declaración que apunta a la existencia de un presunto sistema de corrupción en la estructura policial.
Hasta el momento, el comandante general no ha presentado públicamente pruebas que respalden estas acusaciones ni se ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público. Tampoco existe un pronunciamiento oficial del Ministerio de Gobierno o del Ejecutivo respecto a estas afirmaciones.
Las denuncias plantean interrogantes sobre la transparencia en los procesos de designación dentro de la Policía Boliviana y abren la posibilidad de que las autoridades competentes impulsen una investigación para establecer si existen elementos que sustenten las acusaciones formuladas por el propio comandante de la institución.
/Con información de DTV/
