La presidenta Jeanine Áñez anunció el miércoles la aplicación de cuatro medidas económicas para atenuar los efectos del coronavirus COVID-19 en las familias bolivianas, como la creación de un “Bono familia” de 500 bolivianos por hijo que vaya a una escuela fiscal, el no pago del capital de deuda por dos meses para las personas que tienen créditos, tampoco se cancelará el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de abril y se prohíbe contundentemente cortar los servicios de agua, luz y gas mientras dure la cuarentena en el país.
En un mensaje a la nación, la Jefa de Estado explicó que el “bono familia” se pagará en abril y será de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en el sistema fiscal, como forma de compensar el desayuno escolar que no recibirán mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“Primero, hoy anuncio ante ustedes la creación del bono familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan, un bono para las familias con niños”, informó la mandataria.
También anunció una ayuda para las personas, familias pequeñas y empresas que pagan créditos, que no tendrán que pagar dos meses el capital de la deuda y esa cancelación se hará al final del periodo del crédito.
Por otra parte, dijo que se ordenó no pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de abril, y que esa cancelación se realice en mayo y a plazos.
Además, sostuvo que se prohibió contundentemente cortar los servicios de agua, luz y gas a los hogares bolivianos mientras dure la crisis de salud por el COVID-19.
Remarcó que jamás el país enfrentó una lucha y causa común tan importante como es defender la vida, por lo que -dijo- “hoy somos más que nunca” una familia que no debe pensar en colores políticos ni ideológicos.
Cainco: Medidas adecuadas, pero deben profundizarse
Para Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19 son positivas y van en la dirección correcta, pero esto avanza rápido y deberán tomarse medidas más profundas ya que los hogares necesitan recursos para enfrentar esta emergencia.

“La emergencia por la que estamos atravesando impone que el Estado boliviano debe inyectar lo que sea necesario para dar liquidez a la familia boliviana, es decir entregar recursos económicos que les permitan satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. Eso también pasa por dar más oxígeno a los negocios, que son generadores de empleo en el país”, señaló el titular de la institución privada.
Es importante considerar que todas las familias y los negocios actualmente tienen limitaciones para el acceso a recursos. “Tenemos que evitar que un problema de falta temporal de recursos y liquidez para las personas y empresas se convierta en la pérdida permanente de empleos y la quiebra de negocios”, sostuvo. Indicó que las familias tienen como su respaldo económico su trabajo, el crédito que hubiesen obtenido en el pasado y su patrimonio; los negocios tienen sus ingresos, su capital y también deben al sistema financiero. En estos momentos los ingresos de las familias y los negocios están sufriendo además que la banca tiene limitaciones.
Hurtado señaló que si bien el Impuesto a las Utilidades de la Empresas (IUE) fue diferido para pago en el mes de mayo y en plazos, para enfrentar mejor la emergencia, los plazos de diferimiento del IUE deben extenderse por lo menos hasta el mes de septiembre. Asimismo, es fundamental considerar dentro del paquete de incentivos que el pago de IVA e IT también puedan diferirse hasta el mes de septiembre de este año. Es urgente también incluir el diferimiento del pago de los aportes laborales a la Caja de Salud y a las AFP´s hasta el mes de septiembre.
Es importante revisar la reprogramación de créditos ya existentes para todo tipo de empresas porque este brote ha afectado a todos los negocios de forma sorpresiva y violenta. “Deberían extenderse hasta el mes de diciembre de este año y deberá incluirse en el decreto la otorgación de créditos bancarios especiales para otorgar liquidez a la población”. (ABI)