La aprehensión del senador suplente Nilton Condori abrió un nuevo frente de controversia política y jurídica. Su abogado defensor, Yaco Conde, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento y anunció que no descarta presentar una acción de libertad para que la justicia revise las condiciones en las que su defendido fue privado de libertad.
Según Conde, Condori no habría recibido una notificación formal sobre el proceso en su contra, una observación que la defensa considera relevante para cuestionar la legalidad de la actuación de las autoridades. El abogado señaló que se busca establecer si se respetaron las garantías constitucionales durante la aprehensión y la permanencia del legislador en dependencias policiales.
La denuncia de la defensa se produce mientras la Fiscalía avanza en la investigación que involucra al legislador por sus declaraciones públicas, en las que planteó una respuesta radical contra presuntos hechos de corrupción.
Una frase que sustenta la investigación
La frase «Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro», pronunciada por Condori durante un ampliado de la agrupación política Evo Pueblo, constituye uno de los elementos centrales de la investigación.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, vinculó la aprehensión con la presunta preparación de nuevas medidas de presión contra el Gobierno, en un contexto marcado por los antecedentes de la crisis de los 53 días.
«El señor senador Condori ha sido aprehendido por instigación a delinquir asociado a los 53 días», afirmó Gálvez, según las declaraciones difundidas sobre el caso.
La fundamentación fiscal se concentraría en las expresiones que el legislador realizó el 26 de septiembre en Lauca Ñ, cuando, de acuerdo con la investigación, se analizaban nuevas protestas y eventuales bloqueos contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Condori fue interceptado poco antes del mediodía, cerca del Mercado Campesino de Santa Rosa, en El Alto, cuando se dirigía a un ampliado. Según versiones de testigos, ocho personas lo introdujeron en un vehículo Toyota Rav4 de color verde.
La defensa cuestiona el procedimiento
Tras su aprehensión, el senador suplente se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio, mientras el Ministerio Público reúne elementos para sustentar la imputación correspondiente.
La defensa, por su parte, pretende que se examinen las circunstancias de la captura y el cumplimiento de las formalidades legales. Una eventual acción de libertad permitiría solicitar a la autoridad judicial competente que revise si existió una restricción ilegal o indebida de la libertad personal.
El caso plantea dos cuestiones que deberán esclarecerse: si las declaraciones atribuidas a Condori reúnen los elementos legales necesarios para sustentar una investigación por instigación a delinquir y si las autoridades cumplieron las garantías procesales durante su aprehensión.
La controversia enfrenta, por ahora, la posición del Gobierno, que vincula el caso con la prevención de nuevas medidas de presión, y la de la defensa, que cuestiona la legalidad del procedimiento. La resolución de la justicia y los fundamentos documentados de la Fiscalía serán determinantes para establecer si la aprehensión se ajustó a derecho.
