La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026, denominado de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que incorpora sanciones penales contra quienes obstruyan las vías públicas y establece responsabilidades para autoridades que no atiendan oportunamente los conflictos dentro de sus competencias. La propuesta deberá ser considerada ahora por el pleno de Diputados.
El presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas, informó que el proyecto incorpora al Código Penal el delito de “obstrucción grave a las rutas públicas”, con penas que, según la gravedad del hecho, podrían alcanzar entre tres y 10 años de prisión.
“Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas”, señaló Rojas, al explicar que la propuesta busca sancionar los bloqueos de carreteras y otras vías de transporte.
El proyecto que actualmente figura en los registros oficiales de la Cámara de Diputados como PL 070/2025-2026 plantea incorporar el artículo 214 Bis al Código Penal para tipificar la obstrucción ilegal de vías de transporte y comunicación.
También responsabiliza a las autoridades
La iniciativa no solo apunta a quienes bloqueen las carreteras. También establece responsabilidades para los funcionarios públicos que, estando dentro de sus competencias, sean notificados de un conflicto y no actúen.
El diputado Omar Muriel explicó que las autoridades tendrán un plazo de 15 días hábiles para atender el problema o derivarlo a la instancia competente. El incumplimiento podría generar responsabilidad penal.
Según la explicación parlamentaria, el delito de incumplimiento de deberes tendría una agravante de dos tercios cuando se trate de autoridades que no actúen frente a conflictos bajo su competencia, con una sanción que podría llegar hasta seis años y dos meses de cárcel.
Protesta pacífica seguirá permitida
La propuesta establece una diferencia entre la protesta social y el bloqueo de vías. De acuerdo con Muriel, las manifestaciones pacíficas continuarán permitidas siempre que no vulneren los derechos de terceros ni impidan la libre circulación.
El proyecto fue construido a partir de la unificación de 10 propuestas legislativas relacionadas con la transitabilidad, las protestas y la protección de derechos. Durante su tratamiento en comisión, según Rojas, se revisaron 72 notas con posiciones a favor y en contra.
Los mecanismos operativos para la aplicación de la futura norma serían posteriormente reglamentados mediante decreto supremo.
El debate ahora pasa al pleno
La aprobación en comisión abre una nueva etapa de un debate que puede tener impacto directo sobre los conflictos sociales en Bolivia: hasta dónde puede llegar la protesta como mecanismo de presión y en qué momento la obstrucción de una carretera pasa a constituir un delito penal.
La propuesta todavía no es una ley vigente. Debe ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados y continuar posteriormente con el procedimiento legislativo correspondiente.
