La demanda de una nueva distribución de los recursos fiscales comienza a enfrentar dos posiciones. Mientras el Gobierno nacional sostiene que el modelo 50/50 requiere acuerdos técnicos, normativos y presupuestarios antes de su aplicación, Santa Cruz reclama que la redistribución se concrete y no quede postergada en una sucesión de mesas de trabajo.
La diferencia quedó expuesta este viernes, 30 de octubre, con la presentación del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que no incorpora el modelo 50/50, pese al acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores el pasado 5 de agosto en Sucre.
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el documento presupuestario fue elaborado bajo los criterios normativos vigentes y que cualquier modificación dependerá de los avances en la construcción de un nuevo esquema de distribución.
“Al ser una ley de presupuesto, se estructura con los conceptos actuales con los que nos regimos. Sin embargo, ustedes saben que estamos en la fase de construcción y de co-construcción del 50-50”, manifestó.
Morales dejó abierta la posibilidad de realizar adecuaciones durante la siguiente gestión, siempre que se alcancen acuerdos sobre los cambios en la distribución de los recursos públicos.
La posición del Ejecutivo apunta, por tanto, a avanzar mediante una reforma técnica y legal que permita modificar las reglas de coparticipación y distribución fiscal. El Gobierno también informó que el PGE 2027 contempla un incremento del 19% en los recursos destinados a las entidades territoriales autónomas respecto a 2026, aunque ese aumento no representa la aplicación del modelo 50/50.
VELASCO EXIGE CUMPLIMIENTO Y NO DESCARTA MEDIDAS DE PRESIÓN
Desde Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco asumió una posición más exigente y advirtió que no retrocederá en la demanda de una distribución equitativa de los ingresos estatales.
La autoridad recordó que existe un acuerdo firmado con el Gobierno nacional y sostuvo que las gobernaciones necesitan mayores recursos para atender las competencias que tienen asignadas.
“Estamos pidiendo nuestros recursos. ¿Por qué les cuesta tanto darnos nuestro dinero? No tiene sentido. Es como que usted vaya al banco y el banco no le dé su dinero. ¿Qué haríamos nosotros? Nos pararíamos firmes frente al banco y exigiríamos eso”, expresó.
Velasco aseguró que mantendrá la exigencia junto a la vicegobernadora Paola Aguirre, el Comité pro Santa Cruz y otras instituciones.
“No vamos a ceder ni un centímetro en la exigencia de nuestros recursos del 50/50 que están firmados. No nos vamos a mover un centímetro en esta firmeza”, enfatizó.
El gobernador incluso advirtió que, si el diálogo no produce resultados, podrían activarse otros mecanismos de presión desde la sociedad civil.
“Yo soy todo positivo, pero si no es por las buenas, ya veremos los mecanismos que vamos a adoptar. No como Gobernación, sino como sociedad civil, como Santa Cruz”, señaló.
EL PROBLEMA DE FONDO: RECURSOS Y COMPETENCIAS
La discusión tiene un trasfondo financiero. Velasco informó que la Gobernación enfrenta un déficit competencial anual superior a los Bs 1.000 millones y que la gestión pasada cerró con un déficit fiscal cercano a los Bs 500 millones.
Según la autoridad, su administración pretende reducir el déficit fiscal a aproximadamente Bs 150 millones al finalizar esta gestión y avanzar hacia el equilibrio financiero entre 2027 y 2028.
El acuerdo 001/2026, suscrito en Sucre, estableció una hoja de ruta para fortalecer las autonomías departamentales, revisar la distribución de los recursos fiscales, mejorar la capacidad de generación de ingresos propios y trabajar en una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales.
Por ello, el debate no se limita a una discusión sobre porcentajes. También involucra la distribución de competencias, las responsabilidades financieras de cada nivel de Gobierno y la capacidad de las regiones para administrar recursos y responder a las demandas ciudadanas.
DOS POSICIONES, UN COMPROMISO PENDIENTE
El Gobierno sostiene que el 50/50 no puede incorporarse automáticamente a un presupuesto elaborado bajo las reglas actuales y que primero deben concluirse los consensos técnicos y normativos.
Santa Cruz considera que el acuerdo político ya abrió el camino para modificar la distribución de los recursos y que las regiones necesitan resultados concretos, no solamente compromisos de trabajo.
La presentación del PGE 2027 sin el modelo 50/50 deja abierta una interrogante sobre los plazos y las condiciones para su implementación. El Gobierno habla de adecuaciones futuras; Velasco exige que se respete el compromiso asumido y advierte que la presión social podría convertirse en el siguiente escenario de la disputa.
La discusión ahora se traslada a la Asamblea Legislativa y a las mesas técnicas, donde deberá establecerse si el 50/50 puede convertirse en una reforma efectiva de la distribución fiscal o si continuará siendo una agenda en construcción.
