El Gobierno acusó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de pagar favores al Movimiento Al Socialismo (MAS) con la resolución que emitió en la que rechaza la consulta de control sobre constitucionalidad de los proyectos de ley de alquileres y de donación de plasma, presentada por la presidenta Jeanine Áñez.
“El #TCP evidencia su acuerdo con el #MAS en la #ALP, con esos parlamentarios que apoyaron el cerco a las ciudades, el bloqueo de caminos que dejó más de 50 muertes y millones de pérdidas para productores campesinos, empresarios y la #Economía en general”, expresó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, desde su cuenta de Twitter.
El TCP emitió dos autos constitucionales en los que rechaza la petición realizada por el Ejecutivo para el de control de constitucionalidad de dos proyectos de ley. El documento señala que la petición no procedió porque no cumplió el requisito establecido en el artículo 121.1 del Código Procesal Constitucional (CPC)., referido a quiénes están legitimados para realizar dicha consulta.
Para Núñez, la decisión del Tribunal Constitucional tiene que ver más con brindar respaldo a las acciones de violencia que el MAS gestó en las últimas semanas. Desde sus redes sociales arremetió contra la mayoría del partido azul en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“¡Lamentable rol del #TCP! El rechazo a las consultas enviadas desde el Órgano Ejecutivo confirma que estos magistrados fueron electos políticamente, y ahora, con su falta de legitimidad y probidad, pagan la factura a sus cómplices en el #MAS“
Al referirse a los legisladores del MAS apuntó: “Los llamo a la reflexión. Los bolivianos estamos cansados de la forma de hacer política que tiene el #MAS. El rol del #TCP es velar por el cumplimiento de la #CPE. El país quiere paz, #Salud, oportunidades, progreso y desarrollo”
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, afirmó a radio Fides que el Gobierno acatará la decisión que tomó el TCP respecto a la leyes de alquiler y de donación de plasma, pero interpondrá un recurso de acción abstracta que se plantearía tras la promulgación de la norma.
“Nosotros lamentamos esta decisión, sin embargo como una institución del Estado, como es el TCP, vamos a acatar esa decisión (…) tenemos otras vías para objetar estas dos leyes”, sostuvo Alanoca. /ANF/
