El Tribunal Supremo de EEUU acaba de convertirse en el gran árbitro de las elecciones presidenciales estadounidenses de este año, un papel que no asumía desde que en 2001 decidió poner fin al recuento de votos en Florida en una decisión que entregó la Casa Blanca al republicano George W Bush. Este viernes ha admitido a trámite el caso sobre la exclusión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas del Partido Republicano en Colorado por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El caso se verá el 8 de febrero.
El paso del Supremo abre el camino a una sentencia que creará un precedente histórico y marcará la campaña electoral a punto de comenzar en Estados Unidos y que culminará en las presidenciales de noviembre. La máxima corte del país decidirá si Trump puede competir en las primarias de Colorado o, como argumentó el Supremo de Colorado, su papel en aquel asalto le hace partícipe de una insurrección y, por tanto, le inhabilita como candidato a la Casa Blanca según la enmienda número 14 de la Constitución estadounidense.
Los abogados de Trump alegan que los magistrados de Colorado malinterpretaron la Constitución y corresponde al Congreso, no a los tribunales, decidir quién puede presentarse a las elecciones presidenciales. También sostienen que el presidente no incurrió en comportamiento sedicioso en el asalto al Capitolio.
El 8 de febrero, los nueve magistrados del Supremo comenzarán a escuchar los argumentos de las partes. La vista chocará de lleno con el desarrollo de las primarias republicanas, que comienzan su ciclo el próximo día 15 con los caucus de Iowa y la consulta de Nuevo Hampshire el día 23. El febrero el calendario electoral prevé caucus en Nevada.
Trump es el favorito con mucha distancia entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Sus rivales más inmediatos, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, se encuentran a más de treinta puntos porcentuales en las encuestas.
El Supremo parece querer moverse a toda velocidad, dada la importancia del caso y su relevancia para el desarrollo del proceso electoral: las primarias de Colorado y de Maine, el otro Estado que ha vetado a Trump como candidato, se celebrarán el 5 de marzo. El anuncio de que la Corte aceptará el caso llega apenas dos días después de que el equipo legal del expresidente presentara una apelación contra la decisión del tribunal de Colorado. También es posible que decida si se pronuncia en otro caso relacionado con la candidatura del magnate inmobiliario: si, como sostiene Trump, su paso por la presidencia le confiere inmunidad absoluta contra los cargos federales presentados contra él por supuestos delitos cometidos mientras ocupaba la Casa Blanca.
Ese tribunal había determinado el 19 de diciembre que la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe ocupar cargos públicos a aquellos que hayan participado en una rebelión o en una insurrección, se aplicaba al expresidente por su participación en los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus partidarios asaltó el Capitolio para intentar impedir que el Congreso de EE UU ratificara formalmente la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Trump continúa sosteniendo aun hoy día que aquellos comicios fueron fraudulentos.
La sección tercera de la enmienda, ratificada tras la Guerra de Secesión, estipula que quienes hayan jurado lealtad a la Constitución no pueden ocupar un cargo oficial si tras su promesa “hayan incurrido en insurrección o rebelión contra ella, o proporcionado asistencia o alivio a los enemigos de ella”. El Congreso de EEUU puede levantar la prohibición, pero solo si dos tercios de los legisladores se pronuncian a favor.
En su momento, los legisladores aprobaron esa medida para impedir que los confederados que habían jurado la Constitución y luego se alzaron en armas pudieran ocupar cargos de responsabilidad en el Gobierno. Pero los estudiosos consideran que la enmienda es aplicable a casos posteriores. Pero se ha aplicado a cuentagotas: solo en dos ocasiones desde 1919.
“No hemos llegado a estas conclusiones a la ligera”, argumenta el Supremo de Colorado. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. También de que es nuestro deber solemne el aplicar la ley, sin miedo ni favoritismos, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos”
Tras la decisión del Supremo de Colorado, el 28 de diciembre el Estado de Maine se convirtió en el segundo que descalificaba a Trump como candidato. En este caso fue la secretaria de Estado del territorio, la demócrata Shenna Bellows -cuyas funciones incluyen la organización de los comicios en esta circunscripción- quien decidió que el expresidente quedaba inhabilitado como candidato. Los abogados del magnate inmobiliario también han recurrido esta provisión.
Otra quincena de Estados, desde Oregón a Virginia o Nueva York, también se plantean si el nombre del expresidente puede figurar en las papeletas de voto. Otros, como Minnesota o Michigan, han rechazado aceptar demandas similares contra Trump.
En el sistema estadounidense, cada Estado organiza y cuenta con sus propias reglas a la hora de celebrar unas elecciones, aunque sean nacionales. Ello significa que las decisiones de Colorado y Maine solo afectan a sus respectivos territorios.
Pero una decisión del Supremo, al tratarse de un órgano federal, tendría efecto en todo el territorio estadounidense: de ahí su importancia. De tumbar la decisión de Colorado, cerraría esa vía a impedir la candidatura de Trump. De corroborarla, abriría la puerta a que se multiplicaran demandas similares en el resto de los Estados.
Cuál vaya a ser el dictamen de los nueve jueces es toda una incógnita. Seis son de ideología conservadora, y a tres de ellos los nombró Trump a lo largo de sus cuatro años de mandato. Pero varios de ellos pertenecen a la escuela “originalista”, que sostiene que la Constitución debe interpretarse al pie de la letra según la redactaron sus fundadores (un argumento utilizado para defender la Segunda enmienda y el derecho de los individuos a portar armas).
Es un factor que puede volverse en contra del exmandatario. La jueza de distrito de Colorado Sarah Wallace apuntaba en una decisión previa, revocada por la del Supremo del Estado, que la enmienda solo menciona a senadores y congresistas, pero no al cargo específico del presidente, por lo que este puesto no está incluido en las prohibiciones.
En un comunicado, la campaña de Trump ha indicado que “tenemos confianza en que el justo Tribunal Supremo decidirá de modo unánime afirmar los derechos civiles del presidente Trump, y los derechos de voto de todos los estadounidenses en un dictamen que echará por tierra de una vez por todas el resto de las demandas falsas contra su nombre en las papeletas”. /ElPaís/
