El Supremo de Estados Unidos propinó este martes un fuerte revés a Donald Trump con la publicación de la sentencia más esperada de un curso judicial que terminó con la difusión de ese fallo. En ella, sus nueve miembros estaban llamados a terciar en uno de los pilares del sistema de un país forjado a golpe de inmigración: el derecho, reconocido en la Constitución, de convertirse automáticamente en ciudadanos los nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o que estén temporalmente en el país, bien porque llegaron como turistas o porque, por ejemplo, cuenten con un visado de trabajo.
Con seis votos a favor y tres en contra, el Supremo consideró inconstitucional un decreto con el que el presidente de Estados Unidos pretendía acabar con ese derecho, parte de la Constitución desde hace más de 150 años. Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch se mostraron en desacuerdo. Brett Kavanaugh se sumó, por su parte, a la mayoría, aunque puntualizó que no compartía toda su argumentación.
El origen del fallo, que llega después de que el jueves pasado el alto tribunal diera su visto bueno con dos sentencias a otras partes de la política migratoria del Gobierno, está en una decisión ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025 por Trump, en el primer día de su regreso al poder. Con ese decreto, ordenó limitar un derecho que forma parte del tejido de una nación que el próximo 4 de julio cumple 250 años. Esa orden presidencial suscitó tres demandas distintas, y tres tribunales federales fallaron que su aplicación era ilegal, lo que paró su entrada en vigor.
Lo que pretendía Trump, que definió en Truth Social la sentencia de este martes como “lamentable”, era tumbar un derecho reconocido desde 1868 en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución. “La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores [de esa enmienda] ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa”, escribe el presidente del tribunal, John Roberts, en la opinión mayoritaria de una sentencia de 194 páginas.
Esta también incorpora dos opiniones discordantes, firmadas por Thomas y por Alito, los dos magistrados más a la derecha del Supremo. El primero escribe en la suya: “No estoy seguro de que la sentencia de hoy [por este martes] resista la prueba del tiempo. [La enmienda] añadió gran valor a la dignidad y a la gloria de la ciudadanía estadounidense. La opinión de hoy devalúa dicha ciudadanía”.
Por más sonoro que sea el revés para Trump, no fue una sorpresa. En abril pasado, el Supremo escuchó los argumentos de las partes, y de esa audiencia se dedujo que se disponían a llevarle la contraria a la Administración de Trump, tras hacer lo propio con su política arancelaria, en un fallo que fue recibido por el presidente con duros ataques a los jueces. Aquel resultó un raro golpe a un presidente al que la mayoría de seis magistrados conservadores del tribunal venía dando la razón sistemáticamente, aunque nunca tanto como cuando en julio de 2024 le concedieron amplia inmunidad para las decisiones que tome en el ejercicio de su cargo. Ese fallo allanó la vuelta a la Casa Blanca de un candidato que tenía cuatro causas pendientes con la justicia.
El derecho a la nacionalidad por nacimiento también fue protagonista durante el curso pasado. Entonces, el Supremo examinó la petición del Gobierno de levantar la suspensión cautelar ordenada por esos tres jueces, y el tribunal sentenció en favor de Trump, aunque no entró en el fondo del asunto. Sí decidió limitar el poder de los magistrados federales a dictar suspensiones cautelares de un decreto con alcance nacional. El Gobierno sostenía que esa práctica es inconstitucional y que los jueces solo pueden parar la aplicación de una norma en lo que atañe a las partes, dado que estas tienen un interés específico.
Con la sentencia de este martes, el asunto sí queda zanjado de momento. Para subrayar cuánto estaba en juego y presionar a los suyos (Trump nombró en su primer mandato a tres de los nueve jueces del Supremo, dos de los cuales, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, acabaron votando en su contra), el republicano asistió a la vista celebrada en abril en un gesto sin precedentes: nunca un presidente en funciones había seguido en persona las argumentaciones de un caso. No se quedó hasta el final, sino que abandonó la sala cuando terminó el alegato del abogado que representaba al Gobierno, John Sauer, que se vio sometido a un duro y escéptico interrogatorio.
Durante la audiencia, el presidente del alto tribunal, John Roberts, desdeñó el argumento de que la globalización contemporánea aconseja cambiar las reglas sobre la ciudadanía por nacimiento. “Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma”, zanjó Roberts. Cuando la vista había terminado, Trump expresó su frustración en Truth, su red social: “Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir el derecho de ciudadanía por nacimiento”, escribió, esgrimiendo un argumento favorito, aunque a todas luces falso: Estados Unidos no está solo en el reconocimiento de ese derecho.
Después de la Guerra Civil
Lo que pretendía Trump era ir en contra de lo que ha sido durante más de un siglo la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, ratificada como consecuencia del final de la Guerra de Secesión. Dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a los descendientes de personas esclavizadas de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.
En una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Supremo interpretó de modo amplio la Decimocuarta Enmienda, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Desde entonces, los hijos de inmigrantes dados a luz en Estados Unidos han adquirido la nacionalidad independientemente del estatus legal de sus padres.
También los que vinieron al mundo aquí por casualidad. Es el caso de Folarin Balogun, uno de los delanteros de la selección de fútbol de Estados Unidos. Nació en Brooklyn hace 25 años, dado que su madre no pudo regresar a casa en avión al encontrarse en su séptimo mes de embarazo.
Las consecuencias políticas del fallo también son enormes. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, lo definió como “muy decepcionante”. Argumentó ante los periodistas en el Congreso que la Decimocuarta se promulgó con un “noble propósito”, pero que muchos de los que se benefician de ella lo hacen desde el “abuso”. Johnson dijo también que no descartaba tratar de enmendar la Constitución para cambiar las cosas. Es altamente improbable que lo logre, dado que el sistema estadounidense requiriere de un consenso para lograrlo del que ninguno de los partidos goza.
En su mensaje en Truth, Trump desautorizó a Johnson. “¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!“, dijo, ”el Congreso debería empezar HOY MISMO a trabajar para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!“.
El presidente también se pronunció en su red social sobre otros fallos que le fueron favorables en un día, el último del Supremo antes del receso del verano, cargado de noticias. Son dos: el que avala que se prohíba a las atletas trans participar en los deportes femeninos y el que elimina aún más las barreras para la inversión de dinero externo en la política estadounidense. /ELPAÍS/
