Félix Oros, excandidato a alcalde, lanzó una alerta sobre los procesos de contratación que impulsa el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, poda y retiro de árboles, al advertir que el modelo planteado podría generar un sobrecosto cercano a Bs 20,8 millones frente a una alternativa basada en la participación directa de microempresas.
Según Oros, el proceso contempla un precio referencial cercano a Bs 70 millones y la presentación y apertura de propuestas está prevista para el 2 de septiembre, mientras que la adjudicación se produciría el 4 de septiembre, de acuerdo con la información y documentación que asegura haber revisado.
El cuestionamiento central apunta al costo del mantenimiento de áreas verdes en el denominado sector B, que comprende siete distritos municipales. Oros sostiene que la Alcaldía habría establecido un precio referencial de aproximadamente Bs 0,37 por metro cuadrado, mientras que, a partir de su análisis del Documento Base de Contratación (DBC), considera que el servicio podría ejecutarse a Bs 0,26 por metro cuadrado.
“Ahí tenemos un ahorro de 16 millones, casi 17 millones de bolivianos solamente en el ítem de cortar pasto”, afirmó.
Oros cursó una invitación a medios de comunicación para presentarle este miércoles su propuesta de ahorro Bs 20,8 millones en licitación de EMACRUZ sobre áreas verdes y poda – Sector B Este. Luego entregará la carta formal al alcalde Manuel Saavedra y a la presidenta del Concejo, Luisa Nayar
Cuestiona contratos de dos años
Oros también puso bajo observación la modalidad contractual, debido a que, según explicó, se trataría de contratos por dos años con pagos mensuales, independientemente de la cantidad efectiva de trabajo ejecutado.
A su criterio, este esquema favorece a empresas con mayor capacidad financiera, debido a las garantías y requisitos exigidos en los procesos de contratación, y deja fuera a microempresas que podrían prestar directamente los servicios en los distintos distritos.
El planteamiento de Oros es eliminar intermediarios y dividir los servicios para permitir la participación de pequeñas empresas y trabajadores locales.
“Estos contratos grandes solamente sirven para las megaempresas, porque son las que tienen espalda financiera para pagar las boletas de garantía”, cuestionó.
Poda de árboles: observa Bs 6.800 por motosierra
Otro de los componentes observados corresponde al servicio de poda de árboles. Oros señaló que el proceso contempla 1.248 equipos, que identifica como motosierras, con un costo referencial de alrededor de Bs 6.800 mensuales por equipo.
Su propuesta plantea reducir ese monto a aproximadamente Bs 4.800, lo que, según sus cálculos, permitiría generar otro ahorro millonario.
Asimismo, cuestionó el ítem referido al retiro y traslado de los residuos producto de la poda. Argumentó que, al tratarse de material orgánico, parte de estos residuos podría ser reutilizada como abono en jardines, plazas y camellones, reduciendo el costo de transporte y disposición.
Con todos estos componentes, Oros estima un costo alternativo de aproximadamente Bs 49 millones, frente a los casi Bs 70 millones del precio referencial, lo que representaría —según su análisis— un potencial ahorro de Bs 20,8 millones.
También observa contratos de limpieza de canales
La denuncia no se limita al mantenimiento de áreas verdes.
Oros afirmó que el municipio ya adjudicó contratos para la limpieza de canales por alrededor de Bs 9 millones, y cuestionó que las adjudicaciones no se hayan realizado necesariamente a las propuestas de menor costo.
De acuerdo con el cuadro comparativo que asegura haber elaborado, solamente seleccionando las ofertas más económicas se habría podido generar un ahorro aproximado de Bs 295.000.
Sin embargo, sostiene que aplicando un modelo distinto de contratación, basado en la participación directa de empresas pequeñas y trabajadores de los propios distritos, el ahorro podría llegar a aproximadamente Bs 3,4 millones.
“Solo contratando las más baratas nos podíamos ahorrar Bs 295.000. Con el sistema que nosotros proponemos, ahorramos Bs 3,4 millones”, afirmó.
“No soy opositor, soy un ciudadano que propone”
Oros anunció que presentará formalmente su propuesta ante el Concejo Municipal y solicitará una audiencia para explicar su análisis y plantear modificaciones al modelo de contratación.
“No soy opositor. Soy un ciudadano que propone mejorar la administración”, sostuvo.
El cuestionamiento adquiere además una dimensión política porque ocurre cuando la administración municipal enfrenta restricciones financieras y múltiples demandas ciudadanas en áreas como salud, infraestructura, mantenimiento vial y servicios públicos.
Para Oros, en un escenario de crisis económica, la Alcaldía debería priorizar criterios de eficiencia, austeridad y generación de empleo local, en lugar de concentrar contratos de gran magnitud.
Cuestiona el papel de Emacruz
Otro de los puntos planteados por Oros es el papel de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz). Considera contradictorio que el municipio mantenga una estructura y recursos destinados a la gestión de limpieza mientras continúa recurriendo a contratos externos para determinadas tareas.
“Tenemos una infraestructura, un pool de maquinaria mantenida ahí para que otra empresa haga el trabajo”, cuestionó.
A su juicio, si Emacruz no tiene capacidad suficiente para ejecutar determinados servicios, debería evaluarse su funcionamiento y evitar que se convierta en una estructura costosa sin resultados proporcionales.
La pregunta política: ¿cambio de gestión o cambio de nombre?
Oros resumió su evaluación de los primeros 100 días de la actual administración municipal con una crítica directa: considera que existe continuidad con el modelo de contratación de anteriores gestiones.
“Solamente cambió el nombre. Es el mismo contenido”, afirmó.
La denuncia abre ahora un debate que deberá ser respondido con documentación: ¿los Bs 70 millones corresponden al costo real de los servicios o existe margen para reducirlos mediante otra modalidad de contratación?
La respuesta debería surgir de los propios documentos oficiales del proceso, las propuestas económicas que sean presentadas el 2 de septiembre y, posteriormente, de la decisión de adjudicación prevista para el 4 de septiembre.
Más allá de la disputa política, el punto central es uno: si existe una alternativa técnicamente viable que permita ahorrar cerca de Bs 20 millones de recursos públicos, el municipio tiene la obligación de explicarla, analizarla y transparentar por qué elige una opción más costosa.
