La Fiscalía General del Estado abrió un proceso formal contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos vinculados al caso Hotel Las Américas, ocurrido el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, según la información difundida sobre la denuncia presentada por la alianza Libre.
De acuerdo con el procedimiento señalado, el Ministerio Público notificó la apertura del proceso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que interviene en el trámite correspondiente a un eventual juicio de responsabilidades.
La investigación comprende los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad, relacionados con el operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas, donde tres personas murieron y otras dos fueron detenidas bajo acusaciones de integrar una presunta célula terrorista.
Un operativo que marcó la historia política de Santa Cruz
El operativo del 16 de abril de 2009 se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del gobierno de Evo Morales. Durante la intervención policial murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi. Otras dos personas, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivieron y fueron detenidas.
En aquel momento, el Gobierno sostuvo que la operación buscaba desarticular un grupo terrorista que supuestamente preparaba acciones contra el Estado. Sin embargo, el procedimiento fue cuestionado por denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, irregularidades investigativas y extorsiones vinculadas al caso.
Morales reconoció posteriormente haber ordenado la intervención, mientras que García Linera ejercía la Presidencia en ausencia del mandatario. La determinación de eventuales responsabilidades penales individuales deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
La controversia llegó al sistema interamericano
Familiares de Michael Dwyer y personas sobrevivientes recurrieron al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó denuncias relacionadas con los hechos y determinó vulneraciones de derechos, según los antecedentes referidos del caso.
Este componente internacional mantiene relevancia para esclarecer las circunstancias del operativo y las obligaciones del Estado boliviano en materia de derechos humanos.
El caso también estuvo marcado por cuestionamientos políticos y judiciales durante varios años. Posteriormente, fue cerrado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, de acuerdo con los antecedentes proporcionados sobre el proceso.
¿Qué falta para llegar a un juicio de responsabilidades?
La apertura de una investigación no equivale a una condena ni determina por sí misma la culpabilidad de los denunciados.
Si la Fiscalía considera que existen elementos suficientes y materia justiciable, deberá formular el requerimiento correspondiente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para solicitar la autorización del juicio de responsabilidades, conforme al procedimiento aplicable y a los requisitos legales vigentes.
La autorización legislativa requiere dos tercios de los votos, según el procedimiento descrito. La eventual aprobación abriría paso a las siguientes etapas judiciales, en las que deberán evaluarse las pruebas y las responsabilidades individuales.
El punto central será establecer si existen pruebas legalmente suficientes para vincular a los dos exmandatarios con los delitos denunciados y si se cumplen los requisitos constitucionales y procesales para llevarlos ante un juicio de responsabilidades.
