Los nueve gobiernos departamentales alistan el inicio de una nueva etapa de negociación con el Ministerio de Economía para definir, mediante una ley especial, el alcance de la nueva coparticipación tributaria y avanzar hacia el esquema 50/50 acordado con el presidente Rodrigo Paz.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó este sábado que las mesas técnicas comenzarán esta semana y tendrán como objetivo establecer los porcentajes de distribución de recursos, definir nuevos dominios tributarios y precisar las competencias fiscales de las gobernaciones.
Revilla anticipó un “trabajo arduo”, debido a la complejidad de los cambios planteados, pero expresó su expectativa de que el proyecto de ley pueda ser remitido y aprobado por la Asamblea Legislativa antes de finalizar 2026. De concretarse ese cronograma, la aplicación gradual del nuevo modelo comenzaría con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
El acuerdo alcanzado entre el Órgano Ejecutivo y las nueve gobernaciones representa un giro en el debate sobre la distribución de los recursos públicos y plantea una incorporación progresiva de los departamentos al sistema de coparticipación tributaria, con una consolidación proyectada hasta 2031.
Más recursos y nuevas competencias fiscales
La negociación no se limitará a establecer porcentajes de coparticipación. El pacto también contempla mecanismos de alivio financiero para las gobernaciones y una revisión de las competencias de gasto que, según las regiones, fueron asumidas durante años sin contar con el correspondiente respaldo legal y financiero.
Otro de los puntos centrales será la definición de nuevos dominios tributarios, mediante una propuesta técnica que permita ampliar las potestades fiscales departamentales y fortalecer la generación de ingresos propios.
Para las gobernaciones, el desafío será demostrar que una mayor participación en los recursos nacionales debe estar acompañada de reglas claras, responsabilidades definidas y capacidad efectiva de administración.
El Ejecutivo, entretanto, prevé extender posteriormente esta negociación hacia los gobiernos municipales y las universidades públicas, lo que podría abrir un nuevo escenario de discusión nacional sobre la distribución de los recursos y las competencias entre los distintos niveles del Estado.
El debate que comienza esta semana será, por tanto, decisivo: de las mesas técnicas deberá salir el proyecto de ley que determine cuánto recibirán las gobernaciones, qué impuestos podrán administrar y qué responsabilidades deberán asumir dentro del nuevo modelo de distribución fiscal.
