El Gobierno reconoció que el Decreto Supremo 5676, que establece el retiro de la subvención al diésel para los grandes consumidores, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento.
La revelación fue realizada este jueves por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una reunión con representantes de gobiernos municipales en La Paz, donde defendió las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo frente a la situación fiscal del país.
“El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI”, afirmó Aramayo al referirse a la política de liberación de precios de los hidrocarburos.
El ministro reconoció que se trata de decisiones políticamente difíciles y que no generan respaldo popular. “Son decisiones poco populares y para nada gratas”, sostuvo, al explicar que el Gobierno debe cumplir una serie de medidas vinculadas al financiamiento internacional.
Gobierno justifica el fin de la subvención
Aramayo argumentó que el Estado ya no estaría en condiciones de sostener el costo de la subvención a los carburantes debido a la denominada “asfixia fiscal”.
Según el ministro, el esquema de subvención también habría estado acompañado por irregularidades y corrupción, incrementando la presión sobre las cuentas públicas.
“No es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande (…) y está desangrando el Tesoro General del Estado”, afirmó.
El DS 5676 establece un tratamiento diferenciado para los grandes consumidores de diésel, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir el costo fiscal asociado a la importación y comercialización de combustibles.
La admisión del Ejecutivo coloca al FMI en el centro del debate político sobre el precio de los carburantes, mientras sectores sociales y políticos cuestionan el impacto que estas medidas pueden tener sobre el transporte, la producción y los precios de la canasta familiar.
