El Gobierno busca ampliar las herramientas legales del Estado para enfrentar al narcotráfico y las estructuras criminales que operan con armamento, financiamiento, tecnología y conexiones internacionales. La iniciativa apunta a incorporar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en determinadas operaciones de seguridad, bajo condiciones excepcionales y con controles institucionales.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, durante la presentación de su informe de gestión, en el que identificó como prioridad la aprobación de un marco normativo que permita la participación militar frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas.
La autoridad recordó que la propuesta ya fue planteada por el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) y que ahora se pretende avanzar en su concreción legal.
Según Justiniano, las organizaciones criminales han desarrollado capacidades que van más allá del tráfico de drogas: cuentan con logística, recursos económicos, armamento y redes internacionales. Advirtió que algunas pueden adquirir características narcoterroristas cuando recurren a la violencia para controlar territorios.
Participación militar con límites constitucionales
El ministro explicó que las Fuerzas Armadas disponen de capacidades de movilidad, logística, vigilancia y presencia territorial que podrían fortalecer la respuesta del Estado ante estas amenazas.
Sin embargo, aclaró que la iniciativa no busca reemplazar a la Policía Boliviana ni convertir a los militares en responsables permanentes de la seguridad interna.
«Estamos trabajando para que puedan contribuir cuando corresponda, de forma excepcional, temporal, complementaria y controlada, siempre bajo autoridad civil, dentro de la Constitución, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos», sostuvo.
El planteamiento abre un debate sobre los alcances de la participación militar en la seguridad interna, las competencias institucionales y las garantías necesarias para evitar excesos en el ejercicio de la fuerza.
Los bloqueos marcaron un precedente
Justiniano señaló que la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta estatal quedó evidenciada durante los 53 días de bloqueos que afectaron al país.
Recordó que, tras la declaración del estado de excepción mediante el Decreto Supremo 5636, el 20 de junio, las Fuerzas Armadas apoyaron a la Policía, resguardaron infraestructura crítica y participaron en operaciones destinadas a restablecer la transitabilidad.
El ministro remarcó que la misión militar no consiste en enfrentarse a la población ni asumir decisiones políticas, sino en proteger el orden constitucional y los derechos de los ciudadanos.
Modernización de las Fuerzas Armadas
La agenda del segundo año de gestión también contempla fortalecer la carrera militar y mejorar las capacidades operativas de las instituciones castrenses.
Entre las prioridades figuran:
- Mejorar la vigilancia y el control aéreo.
- Atender las necesidades de mantenimiento de equipos.
- Modernizar los sistemas de comunicación.
- Fortalecer la movilidad y la logística militar.
- Mejorar el entrenamiento y la preparación del personal.
El desafío legislativo
La propuesta coloca sobre la mesa una discusión estratégica para Bolivia: cómo utilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas frente al avance del crimen organizado sin debilitar el Estado de derecho.
La aprobación de una ley deberá precisar las circunstancias que habilitarían la intervención militar, quién autorizará las operaciones, cuánto tiempo podrán extenderse y qué mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas se aplicarán.
La iniciativa del Gobierno busca incorporar una nueva herramienta en la lucha contra las estructuras criminales, pero su alcance dependerá de las garantías constitucionales y los controles que establezca el marco legal.
