El Gobierno nacional ratificó este lunes su respaldo a las empresas inmobiliarias que operan dentro del marco legal y garantizó la seguridad jurídica para los compradores, al tiempo que anunció sanciones contra aquellas compañías que hayan incorporado cláusulas abusivas o incumplido la normativa vigente en sus contratos.
El anuncio fue realizado en Santa Cruz por los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, luego de una reunión técnica con representantes de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), convocada para analizar la controversia generada por modificaciones en contratos de compra de inmuebles y la aplicación del tipo de cambio.
Como primer resultado del encuentro, las autoridades informaron que durante este mes se mantendrán los planes de pago previamente acordados entre las empresas afiliadas a la Cámara y sus clientes, mientras se desarrollan mesas técnicas para encontrar una solución definitiva.
“Hay un primer acuerdo para mantener durante este mes los planes de pago establecidos con las empresas que forman parte de la Cámara, mientras trabajamos en mesas técnicas para garantizar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Fiscalizaciones detectaron irregularidades
El ministro Óscar Mario Justiniano informó que las inspecciones realizadas por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor detectaron que algunas empresas modificaron contratos previamente aprobados para eliminar garantías e incorporar condiciones desfavorables para los compradores.
“La gente tiene la voluntad de seguir pagando, pero los contratos tienen que ser justos. No podemos meter en la misma bolsa al sector inmobiliario serio con los piratas que ingresaron al rubro para aprovecharse de las familias”, afirmó la autoridad.
Justiniano explicó que Defensa del Consumidor verifica que los contratos estén libres de cláusulas abusivas antes de emitir las certificaciones correspondientes y aseguró que las empresas que respeten la ley contarán con el respaldo del Gobierno.
“Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, todo lo que respete la ley tendrá el respaldo del Gobierno; quienes no lo hagan enfrentarán los procesos que correspondan”, sostuvo.
Seguridad jurídica para empresas y compradores
El ministro Espinoza reiteró que el Ejecutivo garantizará el estado de derecho y la seguridad jurídica tanto para las empresas formales como para las familias que suscribieron contratos ajustados a la normativa.
Asimismo, advirtió que las instituciones competentes actuarán contra aquellas compañías que hayan incluido cláusulas ilegales o cobros no permitidos.
“Si los contratos contienen cláusulas abusivas o exceden los cobros autorizados por la ley, Defensa del Consumidor y las entidades reguladoras intervendrán para proteger los derechos de los compradores”, afirmó.
El Gobierno también informó que las denuncias presentadas por los consumidores continúan siendo evaluadas de manera individual por equipos técnicos y jurídicos, mientras las oficinas de Defensa del Consumidor permanecen habilitadas para brindar asesoramiento, conciliación e intervención en los casos que correspondan.
Las autoridades destacaron la disposición de las empresas afiliadas a la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios para encontrar soluciones consensuadas, aunque insistieron en que no se permitirá que operadores irregulares afecten la confianza en el mercado inmobiliario ni los derechos de las familias bolivianas.
