El Gobierno de Rodrigo Paz decidió intervenir temporalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en una de las medidas más fuertes adoptadas hasta ahora frente a la crisis de abastecimiento de carburantes.
La decisión está contenida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que establece una intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal por hasta 180 días calendario, con la posibilidad excepcional de ampliar el plazo una sola vez por hasta 90 días.
La medida tiene un doble componente: económico y político. Por un lado, busca recuperar la eficiencia de YPFB y corregir las deficiencias en la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles. Por otro, abre una revisión sobre decisiones administrativas y operativas que pudieron haber contribuido a la crisis de carburantes y a eventuales pérdidas o afectaciones a los recursos del Estado.
El decreto identifica como una de las causas de la intervención las deficiencias en la cadena logística de importación y distribución, consideradas un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.
Cinco áreas del Gobierno tomarán el control de la fiscalización
Para llevar adelante el proceso se creó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; además del Viceministerio de Transparencia.
La comisión concentrará sus primeras acciones en comercialización, logística y trazabilidad de los carburantes.
Entre sus atribuciones estará revisar toda la cadena: importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles. También podrá recomendar auditorías para identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio irregular, además de establecer responsabilidades cuando corresponda.
La comisión también podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan afectado el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos públicos, así como revisar el desempeño de autoridades, ejecutivos y trabajadores de la estatal petrolera.
Auditorías podrían derivar en procesos
Uno de los aspectos de mayor impacto político es que las auditorías podrán ser técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas.
Si se encuentran indicios de responsabilidad, la comisión deberá documentar los hechos, identificar a las personas involucradas y recomendar las acciones correspondientes. Los casos podrán ser derivados a la Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
Además, la comisión tendrá la facultad de recomendar la incorporación de especialistas y la remoción de personal cuando las investigaciones así lo ameriten.
YPFB no desaparece
El decreto aclara expresamente que la intervención no significa la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o su estructura institucional. Se trata de una intervención extraordinaria y temporal sobre su gestión y, particularmente, sobre la cadena de combustibles.
La comisión deberá aprobar su reglamento de funcionamiento en un plazo máximo de cinco días hábiles y posteriormente presentar un informe inicial dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de ese reglamento.
Una apuesta contra la crisis de combustibles
La intervención coloca a YPFB en el centro de una revisión que puede tener consecuencias mucho más amplias que la solución inmediata de las filas en los surtidores.
El Gobierno busca determinar dónde está el problema de la cadena de combustibles, cuánto cuesta al Estado y quiénes son responsables, al mismo tiempo que intenta recuperar el control sobre una operación estratégica para la economía nacional.
El desafío será convertir la intervención en resultados concretos: más combustible disponible, logística eficiente, trazabilidad, transparencia y responsabilidades si se comprueban irregularidades.
La medida, además, llega en medio de la persistente crisis de abastecimiento, especialmente de diésel, por lo que sus resultados serán observados tanto por el sector productivo como por transportistas, consumidores y gobiernos subnacionales.
En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno de Paz está asumiendo directamente el control de la principal empresa estatal del sector energético para encontrar las causas de la crisis y establecer responsabilidades. Ahora deberá demostrar que la intervención no se queda en una auditoría, sino que logra resolver el problema que más presión económica genera sobre Bolivia: el abastecimiento de combustibles.
