El Gobierno nacional salió a defender su propuesta de redistribución de recursos a las gobernaciones y respondió indirectamente a los cuestionamientos del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien rechazó la oferta del 1% de coparticipación tributaria por considerarla insuficiente para avanzar hacia el modelo 50/50 comprometido por el presidente Rodrigo Paz.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que la implementación del nuevo esquema de distribución de recursos será gradual y advirtió que se trata de un proceso que demandará tiempo, al igual que ocurrió con la autonomía departamental y la Participación Popular.
“Estamos iniciando un proceso que va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado la autonomía? ¿Cuánto tiempo ha tomado la descentralización, la Participación Popular? No tener esto en perspectiva es desconocer la historia del país”, manifestó, según una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia.
La declaración introduce un elemento de debate en la discusión con las autoridades departamentales: mientras los gobernadores reclaman recursos suficientes para asumir mayores competencias, el Ejecutivo plantea que la descentralización fiscal debe construirse por etapas y bajo criterios de responsabilidad fiscal.
El 1% abre una nueva disputa
Los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija expresaron su rechazo a la propuesta gubernamental, argumentando que el porcentaje ofrecido no responde a las necesidades financieras de las administraciones departamentales ni representa un avance suficiente hacia la autonomía económica.
En el caso de Santa Cruz, Velasco cuestionó que la oferta presentada durante el encuentro de los nueve gobernadores en Vallegrande represente apenas el 1% de la coparticipación tributaria, mientras las gobernaciones continúan enfrentando limitaciones presupuestarias para atender sus responsabilidades.
Aramayo, por su parte, defendió la gradualidad del proceso y señaló que el país atraviesa una situación económica delicada, por lo que cualquier modificación en la distribución de recursos debe considerar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Gobierno plantea nuevas fuentes de ingresos
La propuesta del Ejecutivo no se limitaría a transferir recursos de la coparticipación tributaria. Según explicó Aramayo, también contempla que los gobiernos departamentales puedan generar sobretasas sobre determinados tributos y retener esos ingresos mediante una mayor eficiencia en sus sistemas de recaudación.
El ministro sostuvo que este mecanismo permitiría reconocer el esfuerzo fiscal de cada departamento y abrir nuevas posibilidades de financiamiento para las gobernaciones.
“Esta arquitectura está mostrando esta vocación de empezar a avanzar en este camino, que hay que ir recorriendo gradualmente”, agregó.
La discusión de fondo: ¿gradualidad o insuficiencia?
El cruce de posiciones deja planteada una discusión que va más allá del porcentaje ofrecido. El Gobierno sostiene que el 50/50 requiere una transición progresiva y responsabilidad fiscal; los gobernadores demandan que la descentralización venga acompañada de recursos efectivos y no solamente de compromisos políticos.
El desafío para el Ejecutivo será demostrar con cifras, plazos y mecanismos concretos cómo se llegará al 50/50, qué porcentaje adicional recibirán las gobernaciones en las siguientes etapas y cuáles serán las competencias que podrán financiar.
Para Santa Cruz, la discusión también pone sobre la mesa una demanda histórica: que las regiones que generan buena parte de la riqueza nacional tengan mayor capacidad de decisión sobre los recursos públicos y puedan responder a las necesidades de su población.
La pregunta que queda pendiente es cuánto tiempo debe esperar la descentralización económica para convertirse en una realidad y qué garantías tendrá Santa Cruz de que el 1% anunciado no termine convirtiéndose en el límite de una promesa de 50/50.
