El Gobierno de Rodrigo Paz dio un nuevo paso hacia la revisión del aparato empresarial del Estado con la aprobación del Decreto Supremo 5727, que declara de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
La medida establece que el futuro de cada empresa deberá definirse a partir del diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Cuando el diagnóstico recomiende una reorganización, el ministerio responsable del sector tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para gestionar los instrumentos normativos necesarios.
En cambio, si se determina la disolución o liquidación, deberá elaborarse un proyecto de decreto supremo cuando la empresa haya sido creada mediante decreto, o un anteproyecto de ley cuando su creación haya sido establecida por ley.
Restricciones para las empresas en proceso de cierre
El decreto también establece medidas de salvaguarda para las empresas cuyo diagnóstico determine su disolución o liquidación. Entre ellas figuran restricciones a la contratación de nuevo endeudamiento, transferencia o venta de activos, suscripción de contratos que excedan la gestión fiscal, incorporación de personal permanente y aumentos salariales.
La norma aclara que el inicio de una reorganización no significa la paralización inmediata de las operaciones de la empresa. Asimismo, los procesos destinados a establecer responsabilidades administrativas, civiles o de otra naturaleza continuarán de manera independiente.
De acuerdo con reportes sobre el diagnóstico de la OFEP, 67 empresas fueron evaluadas y 20 identificadas en situación crítica; el Gobierno analiza un primer grupo de empresas que podría ingresar a procesos de cierre.
El decreto marca así el inicio de un proceso que puede modificar de manera significativa el mapa de las empresas estatales bolivianas, aunque no implica el cierre automático de todas las empresas públicas: cada caso deberá seguir el procedimiento establecido y sustentarse en el diagnóstico correspondiente.
Fuente: Decreto Supremo 5727 y reportes sobre el diagnóstico de la OFEP.
