La escalada de violencia, los sicariatos, los asaltos y la expansión de las organizaciones criminales han puesto en el centro del debate la capacidad del Estado boliviano para garantizar la seguridad ciudadana. Frente a este escenario, el exministro de Gobierno Guido Náyar plantea una reforma profunda de la Policía Boliviana y advierte que los problemas de la institución no se resolverán únicamente con más patrullas, equipamiento o cambios de autoridades.
En una entrevista con URBE.BO, Náyar sostiene que el país necesita revisar el modelo policial, recuperar la confianza de la población, fortalecer los mecanismos de control interno y modernizar la legislación vinculada con la seguridad. También cuestiona lo que considera una creciente influencia política en la carrera policial y una concentración de efectivos y decisiones en La Paz.
Su propuesta va más allá de una reestructuración administrativa: plantea abrir un debate nacional sobre el papel de la Policía, las Fuerzas Armadas y los gobiernos subnacionales en la prevención y persecución del delito.
“Seguimos teniendo una Policía del siglo XIX en pleno siglo XXI”
URBE.BO: ¿Qué explica la actual crisis de seguridad ciudadana en Bolivia?
Guido Náyar: La crisis de seguridad que golpea a la sociedad boliviana es extremadamente grave. Los sicariatos, los asaltos y los delitos vinculados con organizaciones criminales muestran que el Estado tiene dificultades para cumplir una de sus obligaciones fundamentales: proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Considero que los últimos 20 años de gobiernos del MAS profundizaron los problemas institucionales y debilitaron la lucha contra el narcotráfico. Bolivia enfrenta una amenaza criminal que exige una respuesta mucho más seria, coordinada y moderna.
Pero el problema no es solamente operativo. La Policía atraviesa una crisis institucional, ética y moral que afecta su propia razón de ser.
Seguimos teniendo una Policía del siglo XIX en pleno siglo XXI, no solamente por su organización, sino también por la forma en que trabaja y presta sus servicios.
URBE.BO: ¿Por qué considera que la reforma policial es una tarea impostergable?
Guido Náyar: Porque la población necesita una institución en la que pueda confiar. Si una persona que sufre un delito no cree que la Policía pueda protegerla o ayudarla, estamos ante un problema estructural.
Durante años se postergaron reformas necesarias. En lugar de profesionalizar la institución y fortalecer sus capacidades, hubo decisiones políticas que, a mi juicio, perjudicaron la selección de cadetes, la carrera policial y la independencia profesional de sus integrantes.
La Policía debe reinventarse. No podemos seguir administrando una crisis que afecta directamente la vida de los bolivianos.
La politización y el cuestionamiento a la carrera policial
URBE.BO: Usted sostiene que la Policía fue politizada durante los gobiernos del MAS. ¿En qué basa esa afirmación?
Guido Náyar: El proceso de reforma que se discutió entre 2005 y 2006, con participación de la cooperación europea, no llegó a consolidarse. Posteriormente, hubo decisiones políticas que, desde mi perspectiva, profundizaron los problemas de la institución.
Cuestiono particularmente que el ingreso a la Academia Nacional de Policías haya estado condicionado, en determinados casos, por recomendaciones políticas y no exclusivamente por la capacidad y el cumplimiento de los requisitos.
También preocupa la cantidad de exjefes policiales procesados por corrupción y los casos de efectivos de alto rango vinculados con el narcotráfico. Son antecedentes que obligan a revisar los controles internos, los mecanismos de ascenso y la selección de quienes llegan a ocupar los principales mandos.
Una institución encargada de combatir el delito no puede permitir que sus propias estructuras sean vulnerables a la corrupción o a los intereses partidarios.
URBE.BO: ¿Qué propone para recuperar la credibilidad institucional?
Guido Náyar: Necesitamos controles rigurosos, evaluación de antecedentes, transparencia patrimonial y mecanismos efectivos para identificar a quienes no reúnen las condiciones éticas para ejercer funciones policiales.
He planteado incluso la necesidad de una depuración institucional. Las evaluaciones deben realizarse con procedimientos legales, objetivos y transparentes, respetando los derechos de los efectivos y garantizando que las sanciones respondan a pruebas, no a decisiones políticas.
No se trata de perseguir a la Policía, sino de recuperar una institución indispensable para la democracia y la seguridad de la población.
¿Existe una concentración policial en La Paz?
URBE.BO: Usted afirma que la Policía está excesivamente concentrada en La Paz. ¿Qué consecuencias tiene esa situación para Santa Cruz y el resto del país?
Guido Náyar: Sostengo que existe una concentración de personal, mandos y oportunidades de carrera en la sede de Gobierno. Eso genera dificultades para distribuir los recursos humanos de acuerdo con las necesidades de cada departamento.
Bolivia tiene nueve departamentos, con realidades geográficas, demográficas y criminales diferentes. La distribución de efectivos debe responder a criterios objetivos, como la población, los índices delictivos, la extensión territorial y las necesidades de seguridad.
La representación territorial también importa. Los procesos de admisión deben garantizar igualdad de oportunidades y responder a criterios transparentes, sin privilegios políticos ni regionales.
URBE.BO: ¿Eso significa que Santa Cruz debería tener su propia Policía departamental?
Guido Náyar: Hay que distinguir entre una aspiración política y una propuesta institucional viable.
En los sistemas federales existen diferentes modelos de organización policial. Brasil, Argentina y Estados Unidos tienen estructuras que distribuyen determinadas competencias entre los niveles nacional, estatal o provincial y municipal, aunque cada país funciona de manera diferente.
Bolivia es un Estado unitario y centralizado. Crear una Policía departamental requiere definir competencias, financiamiento, coordinación, formación y responsabilidades legales. No basta con anunciarlo como una promesa.
En Santa Cruz fracasaron anteriores intentos de descentralización y, con el tiempo, se redujo la capacidad de intervención de las autoridades departamentales en materia de seguridad.
Mi planteamiento es que primero debemos debatir seriamente cómo reformar la Policía nacional y distribuir mejor sus recursos. La descentralización puede discutirse como una perspectiva futura, pero debe sustentarse en un modelo viable y financiable.
Una nueva legislación para combatir el crimen
URBE.BO: ¿Qué cambios legales considera prioritarios?
Guido Náyar: Bolivia necesita revisar integralmente su legislación de seguridad. Propongo debatir una nueva ley de seguridad ciudadana que sirva como base para actualizar otras normas relacionadas con armas y explosivos, bebidas alcohólicas y tabaco, el sistema penitenciario, el tránsito, el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico.
También es necesario revisar el marco legal antidrogas. La legislación sobre sustancias controladas y la regulación de la coca deben analizarse con precisión, porque son materias relacionadas, pero no equivalentes.
El país necesita instrumentos jurídicos que permitan combatir las redes criminales, mejorar las investigaciones y coordinar acciones contra delitos que atraviesan las fronteras.
No podemos enfrentar organizaciones criminales internacionales con instituciones desactualizadas y sin suficiente cooperación tecnológica.
El papel de las Fuerzas Armadas y la seguridad en las provincias
URBE.BO: ¿La Policía tiene suficientes efectivos para cubrir todo el territorio nacional?
Guido Náyar: La distribución actual presenta dificultades, especialmente en las provincias, las carreteras y las zonas de frontera. Hay lugares donde la presencia policial es insuficiente frente a las dimensiones del territorio y las amenazas existentes.
Por eso propongo debatir cómo aprovechar mejor las capacidades de las Fuerzas Armadas, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, para apoyar determinadas tareas de prevención, vigilancia territorial y protección de áreas estratégicas.
En Brasil existen cuerpos policiales con funciones específicas de patrullaje y seguridad, pero no se trata de copiar automáticamente otro modelo. Bolivia debe estudiar qué estructura se adapta a su realidad.
También debemos prestar atención a los bosques, las fronteras y las rutas utilizadas por organizaciones criminales, donde la coordinación entre instituciones puede resultar determinante.
URBE.BO: ¿Qué ocurre con los jóvenes captados por las organizaciones criminales?
Guido Náyar: Es un asunto que exige una respuesta integral. Las organizaciones criminales pueden aprovechar la vulnerabilidad de menores y jóvenes para incorporarlos a actividades ilícitas.
El Estado debe fortalecer la prevención, la presencia institucional, la investigación criminal y los mecanismos de protección de la niñez. Cualquier modificación de las normas sobre responsabilidad penal adolescente debe basarse en evidencia, respetar las garantías constitucionales y acompañarse de políticas de prevención y rehabilitación.
No basta con reaccionar después de que se comete un delito.
Tecnología, narcotráfico y crimen transnacional
URBE.BO: ¿En qué áreas considera que Bolivia ha quedado rezagada?
Guido Náyar: En tecnología, inteligencia criminal y cooperación internacional. El narcotráfico, la trata de personas, los secuestros y otras actividades ilícitas operan mediante redes que pueden extenderse a varios países.
La respuesta requiere investigación financiera, intercambio de información, herramientas tecnológicas, formación especializada y acuerdos internacionales.
También debemos recuperar la capacidad operativa de las unidades especializadas y garantizar que trabajen con independencia profesional, recursos suficientes y controles efectivos.
La lucha contra el narcotráfico no puede reducirse a discursos o anuncios de operativos. Debe evaluarse por sus resultados, por la capacidad de desarticular organizaciones y por la ausencia de complicidad institucional.
“Necesitamos un gran debate nacional”
URBE.BO: ¿Cuál sería el primer paso para iniciar esa transformación?
Guido Náyar: Abrir un gran debate nacional. Deben participar el Gobierno, la Asamblea Legislativa, los gobiernos departamentales y municipales, especialistas, universidades, organizaciones civiles y la propia Policía.
Tenemos que discutir qué institución necesitamos, cómo se seleccionan y ascienden sus integrantes, cómo se distribuyen los efectivos, qué controles deben aplicarse y cómo se financia una Policía moderna.
La Policía tiene que dejar de concentrar esfuerzos en actividades administrativas que pueden ser realizadas por otras entidades y fortalecer su capacidad operativa, investigativa y preventiva.
También debemos revisar los sistemas de control, la formación, la tecnología y las leyes que se han quedado atrás.
No se trata de cambiar un comandante y pensar que el problema está resuelto. Estamos hablando de una reforma estructural, con objetivos medibles y continuidad institucional.
URBE.BO: ¿Qué está en juego si no se hace esa reforma?
Guido Náyar: Está en juego la capacidad del Estado para proteger a la población. Una institución debilitada, sin recursos suficientes y expuesta a la corrupción se vuelve vulnerable a la penetración del crimen organizado.
Por eso insisto en que la crisis debe convertirse en una oportunidad para transformar la Policía. El debate no puede limitarse a quién ocupa el Ministerio de Gobierno o quién dirige el comando policial.
La pregunta central es qué Policía necesita Bolivia para garantizar la vida, la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.
El desafío queda planteado: Bolivia necesita discutir una reforma policial que trascienda los cambios de gobierno, fortalezca la profesionalización, recupere la confianza pública y responda a las nuevas amenazas criminales. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una promesa política; debe convertirse en una política de Estado.
