El proceso judicial contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, escaló este martes después de que fuera declarado rebelde por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares. Mientras su defensa denuncia presuntas vulneraciones al debido proceso y asegura que no existen garantías para su comparecencia, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, acudió a Migración para exigir que se impida una eventual salida del país.
“¿Cómo se va a presentar si no hay garantía? ¿Ven que hay garantía? ¿Ven lo que dice el juez?”, cuestionó el abogado de Fernández, quien calificó lo ocurrido como un “atropello absoluto de parte del Ejecutivo”.
El jurista sostuvo que durante las actuaciones judiciales no se estaría permitiendo a la defensa ejercer plenamente sus derechos. Anunció que presentará argumentos ante la autoridad jurisdiccional para solicitar la nulidad de los actos que considera irregulares.
La defensa cuestiona a la jueza
Uno de los principales cuestionamientos del abogado está dirigido a la actuación de la jueza que conoce el caso. Según explicó, la defensa presentó una recusación porque considera que la autoridad habría emitido criterios que evidenciarían una posición sesgada.
“Si lo estoy recusando porque ha vertido criterio, debería por lo menos remitir al Tribunal de la Sala para que lo revisen”, manifestó.
El abogado también cuestionó que la recusación hubiera sido rechazada sin que, según su versión, se analizaran las pruebas y la jurisprudencia presentadas. A ello sumó sus observaciones sobre los cambios en la programación de las audiencias, que —afirmó— habrían sido modificadas en tres ocasiones durante un periodo de tres días.
Pese a la declaratoria de rebeldía, la defensa aseguró que pretende presentarse ante la Justicia y que realizará las gestiones legales para revertir esa situación.
“Queremos presentarnos, no es que no queremos, pero no existe la garantía para presentarse”, insistió.
Los cuestionamientos corresponden a la versión de la defensa y deberán ser contrastados con las resoluciones judiciales y la posición de las autoridades que intervienen en el proceso.
Nayar exige controles migratorios
En paralelo, Luisa Nayar informó que presentó una carta ante la Dirección General de Migración para solicitar que se impida la salida de Fernández del territorio nacional, después de que se emitieran mandamientos de aprehensión y arraigo en su contra, según la información difundida sobre el caso.
La presidenta del Concejo sostuvo que también existiría una alerta migratoria vinculada a la investigación por los hospitales móviles y mencionó una norma que, según afirmó, restringe la salida del país de exautoridades durante los seis meses posteriores a la conclusión de sus funciones.
“Nadie puede quedar impune si ha decidido jugar con los recursos económicos de las familias cruceñas”, declaró Nayar.
La concejal mencionó presuntas irregularidades por Bs 191 millones en el caso de malversación y cerca de Bs 600 millones por un supuesto desvío de recaudaciones. También hizo referencia a otras denuncias relacionadas con los hospitales móviles y obras de pavimentación.
Esas cifras forman parte de los señalamientos expuestos por Nayar y no deben interpretarse, por sí solas, como montos establecidos mediante una sentencia judicial.
La disputa se traslada a la ejecución de las medidas
Nayar calificó los argumentos de la defensa como posibles maniobras dilatorias y exigió a la Policía Boliviana ejecutar la orden de aprehensión, además de pedir a Migración que adopte las medidas correspondientes dentro de sus competencias.
El caso plantea ahora dos frentes: por un lado, la ejecución de las decisiones judiciales adoptadas tras la incomparecencia del exalcalde; por otro, los recursos anunciados por su defensa, que denuncia irregularidades en el procedimiento.
La declaratoria de rebeldía y los mandamientos judiciales deberán ser analizados conforme a las resoluciones emitidas por la autoridad competente. De igual manera, las denuncias sobre presunta malversación y desvío de recursos requieren establecer responsabilidades mediante el proceso correspondiente.
Hasta que exista una determinación judicial firme sobre el fondo de las acusaciones, corresponde distinguir entre los hechos procesales, las denuncias formuladas por los actores involucrados y las responsabilidades que eventualmente puedan demostrarse.
