El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, vuelve a situarse en el centro de la polémica, esta vez por su decisión de postular al cargo de encargado del penal de Palmasola, donde actualmente cumple detención preventiva por una investigación relacionada con el presunto manejo irregular de Bs 191 millones durante su gestión municipal.
La postulación fue cuestionada públicamente por la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, quien expresó su rechazo a la iniciativa y vinculó las aspiraciones del exalcalde con las denuncias de corrupción que enfrenta.
“Esto es no tener sangre en la cara, no le bastó con destruir Santa Cruz, que ahora busca destruir la cárcel. Vamos a seguir exigiendo la devolución de cada centavo de las familias cruceñas y la sanción máxima para este individuo”, manifestó Nayar.
Según la concejal, Fernández presentó este jueves su plancha para participar en la elección del encargado del recinto penitenciario. La iniciativa abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del exalcalde, cuya situación judicial mantiene repercusiones en el escenario político cruceño.
UNA INVESTIGACIÓN QUE MARCA SU SITUACIÓN JUDICIAL
A finales de octubre, la justicia dispuso 180 días de detención preventiva para Fernández en el penal de Palmasola, dentro de la investigación por la presunta malversación de Bs 191 millones que estaban destinados a financiar 17 obras municipales durante su administración.
El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre el destino de los recursos provenientes de créditos y las responsabilidades que podrían derivarse de su utilización. Fernández también había sido declarado en rebeldía después de no presentarse a una audiencia de medidas cautelares programada para el 27 de octubre.
PALMASOLA, UN NUEVO ESCENARIO DE CONTROVERSIA
La postulación de Fernández introduce un elemento adicional en un caso que trasciende el ámbito judicial y mantiene consecuencias políticas para Santa Cruz. El exalcalde, que durante años estuvo al frente del Gobierno Municipal, ahora busca asumir una responsabilidad dentro del mismo recinto penitenciario donde permanece detenido preventivamente.
La controversia también coloca bajo atención el procedimiento de elección del encargado de Palmasola, sus atribuciones y los mecanismos de supervisión de la administración penitenciaria.
Mientras la investigación por los Bs 191 millones continúa su curso, la exigencia de esclarecimiento sobre el destino de los recursos públicos y la determinación de responsabilidades permanece como uno de los principales asuntos pendientes del caso.
Por ahora, la postulación no modifica la situación jurídica de Fernández ni representa una resolución sobre su responsabilidad penal, que deberá establecerse mediante el debido proceso.