La crisis del combustible en Bolivia acaba de entrar en una nueva fase. Lo que comenzó como un problema de abastecimiento, largas filas y reclamos de transportistas y productores, ahora se transforma en una batalla política contra las estructuras que, según el Gobierno, habrían convertido la subvención estatal en un negocio ilegal.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, presentó este viernes en Santa Cruz el primer informe de resultados de la Comisión de Intervención a YPFB y lanzó una acusación de alto voltaje: detrás de la escasez existirían “mafias” que operaban dentro de la cadena de distribución del combustible, con presunta participación de funcionarios públicos y operadores privados.
“Estas mafias, que están compuestas por malos funcionarios de la ANH, YPFB, algunos malos cisterneros y dueños de estaciones de servicio desvían el combustible que está destinado al pueblo boliviano”, denunció Zamora.
La acusación coloca el problema del combustible en otro escenario. Ya no se trata únicamente de cuánto diésel o gasolina importa Bolivia, cuánto cuesta la subvención o cuánto dinero necesita YPFB para mantener el suministro. El Gobierno apunta ahora al negocio clandestino que se movería alrededor del combustible subvencionado.
Santa Cruz, el primer campo de batalla
La Comisión de Intervención trabaja en las diferentes sedes de YPFB, pero Santa Cruz se convirtió en uno de sus principales focos de atención debido a la dimensión de su demanda y al peso que tiene el departamento en la actividad productiva nacional.
Zamora aseguró que una de las primeras metas fue recuperar el abastecimiento y reducir las filas en los surtidores.
Para ello, la Comisión tomó como referencia una demanda aproximada de 3 millones de litros diarios de combustible para Santa Cruz y diseñó un esquema de abastecimiento que permitió asegurar un volumen superior a esa necesidad.
El resultado político más visible, según el Gobierno, fue la reducción de las filas.
Pero la intervención no pretende quedarse en la solución coyuntural.
El siguiente objetivo es mucho más delicado: revisar quién recibe el combustible, quién lo transporta, quién lo comercializa y dónde termina.
El combustible que desaparece
La Comisión comenzó a revisar la cadena de comercialización para detectar posibles desvíos.
El Gobierno sostiene que parte del combustible subvencionado, que debería llegar a transportistas, productores y ciudadanos, habría terminado en circuitos ilegales.
En esa estructura, según la denuncia presentada por Zamora, podrían estar involucrados malos funcionarios de YPFB y la ANH, cisterneros y propietarios de estaciones de servicio.
Con apoyo del control social, la Comisión afirma haber comenzado a encontrar indicios que permitirían identificar a quienes se beneficiarían ilegalmente de la subvención.
El desafío ahora será convertir esas denuncias en pruebas, procesos y sentencias.
Porque una cosa es denunciar una “mafia” y otra muy distinta es demostrar ante la justicia cómo funcionaba, quiénes participaban, cuánto combustible desviaron y cuánto dinero generaron.
Tres frentes contra la crisis
Zamora resumió el trabajo de la intervención en tres grandes objetivos: garantizar el suministro, eliminar las mafias y encontrar soluciones estructurales.
El primer frente es inmediato: que no vuelvan las filas y que el combustible llegue de manera regular a las estaciones de servicio.
El segundo es judicial: identificar a los responsables de los presuntos desvíos y llevarlos ante la justicia.
La tercera batalla es estructural y posiblemente la más difícil: recuperar la capacidad industrial de YPFB y fortalecer las refinerías nacionales.
“Bolivia no puede resignarse a importar permanentemente el combustible que necesita”, sostuvo Zamora al referirse al debate sobre la subvención.
La pregunta incómoda
La intervención de YPFB abre, sin embargo, una pregunta política inevitable:
¿Cómo pudo funcionar durante tanto tiempo una red capaz de desviar combustible subvencionado si existían mecanismos de control de YPFB y la ANH?
La respuesta determinará el verdadero alcance de esta intervención.
Si las investigaciones confirman la existencia de una estructura organizada dentro de la cadena de distribución, el problema no sería solamente de algunos funcionarios o empresarios. También pondría bajo la lupa los mecanismos de control, fiscalización y distribución que permitieron que esas operaciones llegaran a producirse.
Zamora aseguró que la Comisión será un “celoso vigilante” de la distribución del combustible y que quienes hayan cometido delitos deberán responder ante la justicia.
La batalla, por tanto, recién comienza.
Santa Cruz puede haber dejado atrás, al menos temporalmente, las largas filas en los surtidores. Pero el Gobierno acaba de abrir una fila mucho más peligrosa: la de los nombres, responsabilidades y cuentas que deberán explicar dónde terminó el combustible que debía llegar al pueblo boliviano.
