Por: M.Sc. José Luis Santistevan Justiniano, abogado constitucionalista
El pueblo, en ejercicio de la soberanía, aprobó la actual Constitución Política del Estado (CPE) por voto popular. La CPE es una carta de garantías para proteger a los ciudadanos frente a los actos del poder político.
El estado constitucional de derecho significa que el Estado se rige por su Carta Magna y sus autoridades, incluidas sus leyes, están subordinadas a la CPE.
El gobierno, aún nacido del voto, debe estar sometido al estado de derecho, cuyo poder y actividad están regulados y garantizados por ley. Las garantías constitucionales, el estado de derecho y el debido proceso están garantizados por CPE.
Ninguna ley que proviene del poder delegado, la Asamblea Legislativa, puede violar la CPE. Si ello sucede, el poder soberano se encuentra sometido al poder delegado. Ello constituye el desconocimiento de la soberanía del pueblo, tal como ocurrió con el 21F, donde el poder político se colocó por encima del pueblo.
La “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo” es una ley inconstitucional por las siguientes razones:
- La ley aprueba una estrategia establecida en anexo y le otorga atribuciones al Órgano Ejecutivo que realice ajustes (cambios) al anexo mediante Decreto Supremo, lo que violenta la atribución de la Asamblea Legislativa que es la única autorizada para modificar leyes. El reglamento mediante Decreto Supremo no puede alterar la ley. Esto constituye una facultad extraordinaria de un poder a otro, violentando los art. 12.III y 158.I.3 CPE.
- El anexo aprobado por ley establece la intervención de un Consejo de Lucha Contra LGI/FT. En su mayoría compuesto por ministerios e instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo, cuando los actos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas se producen en las esferas del poder político que administra los recursos y actividades del Estado y del gobierno. Ahí no hay independencia ni transparencia señalada por al art. 12 y 232 CPE. Máxime si el Procurador, miembro del Consejo y defensor de los intereses del Estado, es abogado del expresidente Evo Morales y su hija es asesora principal del Procurador. EL RATÓN CUIDANDO EL QUESO.
- El Consejo de Lucha Contra LGI/FT y sus miembros, tienen atribuciones para investigar e intervenir en actos y actividades de los ciudadanos e instituciones sin autorización y sin intervención de un juez dentro de un proceso formal. Se violentan las garantías constitucionales establecidas por los art. 25 (secreto de las comunicaciones privadas, correspondencia y otros). Art. 115 el debido proceso. Art. 116 presunción de inocencia. Art. 120 imparcialidad de la justicia y comisiones especiales. Art. 178 seguridad jurídica. Todos de la CPE.
Elemento esencial de análisis: Las leyes y convenios suscritos contra el terrorismo y lucha contra corrupción, en países institucionalizados, han dado resultados favorables contra el flagelo. En Bolivia han fracasado, como la ley 004 Marcelo Quiroga, vigente desde marzo 2010, debido al estado putrefacto de la administración de justicia y la impunidad generada por el poder político. La actual administración de justicia al único que beneficia es al gobierno del MAS.
Ya no se discute la autonomía del Órgano Judicial, ni mucho menos su imparcialidad. La Justicia está siendo administrada en forma directa por el poder político. Basta una declaración del Ministro de Justicia para que una persona sea encarcelada o puesta en libertad. Las acciones del gobierno del MAS producen una ruptura del estado constitucional de derecho.
Las leyes aprobadas siguen encadenadas al llamado proceso de cambio. La “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo” generará una condicionante para realizar investigaciones con beneficio de inventario, donde los oficialistas están blindados, aún se los encuentre infraganti y los opositores, políticos o empresarios, serán investigados, perseguidos y encarcelados.
El gran problema del Estado boliviano es la violación del estado constitucional de derecho, donde las leyes están por encima de la CPE, las garantías constitucionales y el debido proceso.
La actual CPE ya no es una carta garantías de los ciudadanos frente a los excesos y abusos del poder. Eso significa el sometimiento de la soberanía del pueblo al poder delegado.
