Con el plazo al límite para la organización y realización del censo, las instituciones regionales han depositado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) la confianza departamental para que impulse la realización de esta consulta en noviembre, tal como establece un decreto que lo declara prioridad nacional.
La universidad pública cruceña cuenta con el respaldo de profesionales técnicos y una masiva población estudiantil (más de 100.000) capaz de hacer cumplir con el mandato del censo, que pareciera no le interesa o no es prioridad del Gobierno nacional. “Nosotros nos sentimos discriminados, como UAGRM, ya que percibimos recursos para 60.000 alumnos y eso no podemos seguir permitiéndolo”, advirtió Vicente Cuéllar, rector de esa entidad académica.
Este jueves a invitación de la UAGRM se reunieron autoridades electas, como asambleístas, concejales y el Comité Pro Santa Cruz para intercambiar criterios de qué acciones adoptar como región para que se lleve adelante el censo y no permitir que las autoridades gubernamentales lo posterguen.
Los presenten adoptaron decisiones, como la conformación de una comisión interinstitucional departamental para impulsar, coadyuvar y fiscalizar las acciones técnicas sobre la realización del censo. La comisión convocará a representantes de la sociedad civil para que se integren,
También se decidió invitar a una reunión informativa al Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 15 de este mes en el rectorado de la UAGRM, en la que se exigirá a las autoridades nacionales la ruta crítica para hacer cumplir los plazos establecidos de la realización del censo.
Cuéllar adelantó que en primera instancia se buscará agotar el diálogo, pero en caso de que no haya voluntad ni respuesta no se descarta que inicien las protestas callejeras en Santa Cruz. “No hay otra forma de hacer respetar nuestros derechos como región”, remarcó.
A su vez, José Luis Santistevan, en representación del alcalde Jhonny Fernández, señaló que si no aparecen los responsables de organizar el censo el 15 de este mes en el rectorado se vienen movilizaciones. “Son derechos políticos y económicos que pueden postergarse, porque de por medio están las necesidades de salud y educación de la ciudadanía”, destacó.
Rómulo Calvo, presidente Comité Pro Santa Cruz, cree que al Gobierno nacional no le interesa realizarlo y que por ello es necesario tener una ruta social antes que política. Planteó que esta lucha no es política, sino cívica porque están en juego derechos de los ciudadanos.
La Gobernación plantea que se genere una movilización entre todos los municipios e instituciones para que se haga una consulta. “No podemos hacerle el favor (al Gobierno) que haga un censo a medias que nos perjudique”, remarcó Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
