Santa Cruz enfrenta un problema que va más allá de la insuficiencia presupuestaria: la pérdida progresiva de capacidad financiera para atender las necesidades de sus provincias y municipios. Según los datos presentados por el gobernador Juan Pablo Velasco, entre 2014 y 2025 los recursos de libre disponibilidad por habitante disminuyeron un 62%, mientras que la inversión pública per cápita se desplomó un 90%.
El diagnóstico forma parte de la argumentación de la Gobernación para exigir una redistribución de los recursos fiscales bajo el modelo 50/50, una propuesta que busca modificar el esquema de concentración de ingresos en el nivel central del Estado.
“Nos transfieren las responsabilidades, pero no el dinero suficiente para cumplirlas”, afirmó Velasco al explicar que la Gobernación enfrenta una brecha financiera anual aproximada de Bs 1.000 millones entre las competencias que debe atender y los recursos disponibles.
La caída de los recursos: menos dinero para invertir
Uno de los indicadores más preocupantes es la evolución de los recursos de libre disponibilidad por habitante. En 2014, la Gobernación contaba con Bs 574 por persona, mientras que en 2025 esa cifra había descendido a Bs 217.
La reducción representa una pérdida de Bs 357 por habitante y una contracción aproximada del 62%.
Pero el deterioro es todavía más pronunciado cuando se analiza la inversión pública por persona. De Bs 302 registrados en 2014, se pasó a apenas Bs 29 en 2025, una disminución cercana al 90%.
Esto significa que la capacidad de inversión por habitante quedó reducida a menos de una décima parte de lo que representaba hace once años, según las cifras expuestas por la administración departamental.
Cuadro estadístico 1: evolución de los recursos departamentales
| Indicador | 2014 | 2025 | Variación |
| Recursos de libre disponibilidad por habitante | Bs 574 | Bs 217 | -62% |
| Inversión por habitante | Bs 302 | Bs |
El presupuesto que no se puede gastar libremente
Otro elemento central del reclamo es la composición de los ingresos de la Gobernación.
Según Velasco, el 62% de los ingresos corrientes de 2025 correspondió a transferencias del Tesoro General de la Nación con destino específico. Esto significa que esos recursos tienen obligaciones previamente asignadas y no pueden ser redireccionados libremente hacia nuevas inversiones.
En contraste, los ingresos propios representaron solamente el 5,4%.
La Gobernación sostiene que esta estructura genera una distorsión: el presupuesto nominal puede parecer elevado, pero la capacidad real de decidir dónde invertir es considerablemente menor.
Además, advierte que algunas competencias transferidas desde el nivel central no llegan acompañadas del financiamiento suficiente, obligando al departamento a utilizar recursos propios para cubrir obligaciones que considera nacionales.
Cuadro estadístico 2: composición de los ingresos corrientes en 2025
| Componente | Participación |
| Transferencias del Tesoro con destino especÃfico | 62% |
| Ingresos propios | 5,4% |
| Otros ingresos | 32,6% |
| Total | 100% |
Bs 1.899,6 millones entre restituciones y nuevas obligaciones
La administración de Velasco también presentó una relación de obligaciones económicas que reclama al Gobierno nacional.
El primer bloque corresponde a Bs 1.348,6 millones en restituciones pendientes, compuesto por seis conceptos:
- Bs 700 millones por recursos retenidos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), entre 2016 y 2026.
- Bs 450 millones por diferencias cambiarias en regalías e IDH.
- Bs 70 millones por nueve meses de atención renal adeudados.
- Bs 60 millones por obligaciones nacionales asumidas durante 2026.
- Bs 48 millones por débitos relacionados con la carretera El Espino–Charagua–Boyuibe.
- Bs 20,6 millones por diferencias del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
A este monto se suman Bs 551 millones anuales adicionales que la Gobernación plantea para financiar obligaciones relacionadas con atención renal a más de 2.000 pacientes, personal de salud, cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) y otras competencias nacionales.
La suma de ambos conceptos alcanza Bs 1.899,6 millones.
Cuadro estadístico 3: recursos reclamados al Gobierno nacional
| Concepto | Monto |
| Retenciones del FPIEEH | Bs 700 millones |
| Diferencias cambiarias de regalÃas e IDH | Bs 450 millones |
| Atención renal adeudada | Bs 70 millones |
| Obligaciones nacionales asumidas en 2026 | Bs 60 millones |
| Débitos carretera El Espino–Charagua–Boyuibe | Bs 48 millones |
| Diferencias del IEHD | Bs 20,6 millones |
| Subtotal de restituciones | Bs 1.348,6 millones |
| Nuevos recursos recurrentes anuales | Bs 551 millones |
| Total reclamado en estos dos conceptos | Bs 1.8 |
Adicionalmente, la Gobernación plantea Bs 576,7 millones en mecanismos de alivio de deuda y acceso a financiamiento para recuperar su capacidad de inversión.
Es importante precisar que los Bs 1.348,6 millones corresponden a restituciones reclamadas, los Bs 551 millones son una demanda de financiamiento recurrente anual y los Bs 576,7 millones corresponden a mecanismos financieros. No son conceptos equivalentes ni representan necesariamente desembolsos inmediatos.
El 1% de coparticipación no convence a Santa Cruz
En medio de este escenario, la propuesta gubernamental de asignar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones es considerada insuficiente por Velasco.
El gobernador sostiene que el problema no se resuelve con una transferencia adicional aislada, sino con una modificación estructural del sistema de distribución de los ingresos públicos.
Su planteamiento es que los departamentos, municipios y regiones tengan mayor participación en los recursos que genera el país, de manera proporcional a las responsabilidades que deben asumir.
Velasco también mencionó una consulta realizada mediante sus plataformas digitales, en la que participaron aproximadamente 13.000 personas y el 99% de quienes interactuaron expresó su rechazo al 1%.
El propio gobernador aclaró que no se trata de una encuesta científica ni de una muestra representativa de toda la población boliviana. Por tanto, sus resultados deben interpretarse como una manifestación de participación digital y no como una medición de opinión pública nacional.
El debate de fondo: autonomía con recursos
El planteamiento del 50/50 abre nuevamente el debate sobre el modelo de Estado, la distribución de los ingresos fiscales y la capacidad de las regiones para resolver sus propias necesidades.
Para Santa Cruz, el problema no es solamente cuánto dinero recibe, sino cuánto puede administrar y decidir de manera autónoma.
La reducción de la inversión por habitante, la dependencia de transferencias condicionadas y el incremento de las responsabilidades departamentales configuran, según el diagnóstico de la Gobernación, un escenario que limita la construcción de hospitales, carreteras, sistemas de agua y otras obras públicas.
Velasco asegura que está dispuesto a negociar porcentajes, cronogramas y mecanismos técnicamente viables, pero mantiene su posición de exigir una redistribución estructural.
La discusión deja una pregunta de fondo para el Gobierno nacional: ¿puede hablarse de autonomía efectiva cuando las regiones reciben competencias, pero no cuentan con recursos suficientes para financiarlas?
El 50/50 ya no es solamente una consigna política de Santa Cruz. Se ha convertido en una discusión sobre el financiamiento del Estado, la descentralización del poder y la capacidad de las regiones para decidir sobre su desarrollo.
La verdadera medida de la autonomía no será cuántas competencias tienen las gobernaciones, sino cuánto poder financiero disponen para cumplirlas.
Gestión 2025
Bs 1.000 MM
Brecha financiera anual
Estimación de la Gobernación
Bs 1.899,6 MM
Restituciones y recursos recurrentes reclamados
Gráfico: el desplome de la inversión por habitante
Inversión por habitante en la Gobernación