Desde la plaza del Estudiante partió la marcha denominada “Por la libertad y democracia”, en protesta por el secuestro judicial del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y más de un centenar de presos y perseguidos políticos por el régimen del gobierno nacional.
A la llegada a la Plaza de Armas 24 de Septiembre, se encendieron duros discursos de parte de activistas y líderes cruceños que, además de exigir el fin de la persecución judicial, cuestionaron el accionar de la CIDH, institución internacional que la alinearon al izquierdismo y comunismo, y por ende, de estar parcializada con partido de gobierno.
Las mujeres fueron las principales en alzar la voz. Las primeras fueron las representantes de los fallecidos en las protestas contra el fraude electoral, y las madres de familias, que rechazan la currícula educativa implantada por el Ministerio de Educación.
Reclamaron que hasta el momento no existe justicia para las muertes ocurridas en 2019, más al contrario, han premiado a militantes del MAS que hoy ostentan altos cargos jerárquicos en instituciones estatales.
Las madres demostraron su disconformidad por el contenido sexual que se sale del marco de la ética en los textos para escolares, hecho por el cual los maestros se encuentran en movilizaciones.
La parte más emotiva y principal le correspondió a la titular de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que se dirigió por el pedido de libertad de Luis Fernando Camacho, y exclamó a la ciudadanía que se sume a este clamor.
“Fernando (Camacho), vi tus ojos tristes y a mí también me entristeció”, dijo.
Por su parte, al vicerrector de la Uagrm, Reinerio Varcas, no le tembló la voz para tildar de sinvergüenzas y corruptos al Gobierno nacional y a la Policía, por los abusos cometidos contra los ciudadanos que luchan por la democracia.
Para finalizar, el dirigente de los militares en servicio pasivo, Jorge Santistevan, se estrelló contra la investigación de la CIDH en el país, acusándola de ser parcializada, y nombró “persona non grata” a uno de los comisionados por participar, de manera personal, en un acto de desagravio contra los vocales que avalaron el fraude de 2019, perpetrado en el gobierno del entonces presidente Evo Morales.
