La situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ingresó este lunes en una nueva fase de presión política, después de que los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados plantearan que la autoridad se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
El pedido fue realizado por el presidente del Senado, Diego Ávila, y el presidente de Diputados, Roberto Castro, quienes además solicitaron que la Cancillería gestione ante Washington la documentación e información oficial relacionada con los señalamientos contra Mariaca.
“Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, afirmó Ávila.
El presidente del Senado sostuvo que esa medida permitiría que cualquier investigación se desarrolle con independencia y sin posibles interferencias derivadas del ejercicio del cargo.
Piden información oficial a Estados Unidos
El pronunciamiento legislativo se produce después de que el Gobierno estadounidense incluyera a Mariaca entre las autoridades bolivianas objeto de restricciones de visa y lo señalara por presuntos actos de corrupción vinculados con la protección al narcotráfico.
Las acusaciones estadounidenses constituyen señalamientos que deberán ser sustentados y contrastados mediante las investigaciones correspondientes. Mariaca, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones.
Castro explicó que la solicitud de información a Estados Unidos busca que las autoridades bolivianas conozcan oficialmente los antecedentes del caso antes de adoptar determinaciones.
“Una vez que la Cancillería tenga la información oficial solicitada, corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determinen con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan”, señaló.
Buscan llevar el caso a la Asamblea
Los titulares de ambas cámaras también pidieron al vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, convocar a una sesión de la ALP para analizar las denuncias.
Según Ávila, en esa sesión deberían considerarse mecanismos de investigación y seguimiento parlamentario.
El caso coloca al Ministerio Público en el centro de una controversia institucional que combina acusaciones internacionales, una solicitud de información diplomática y la exigencia del Legislativo de esclarecer responsabilidades, mientras Mariaca mantiene su posición de permanecer en el cargo.
La Cámara de Diputados confirmó oficialmente que sus presidentes solicitaron a la Cancillería gestionar ante Estados Unidos toda la información disponible sobre las denuncias contra Mariaca y otras autoridades bolivianas.
El siguiente paso será conocer qué información entrega Washington y qué mecanismos institucionales activa la Asamblea Legislativa para establecer si las acusaciones tienen sustento y cuáles serían sus consecuencias jurídicas y políticas.
