El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que Bolivia solicitó a Estados Unidos información sobre una nueva lista de 20 personas mencionada por autoridades estadounidenses, en medio de las recientes restricciones de visas y señalamientos vinculados con presuntas actividades de narcotráfico.
Oviedo aclaró que el retiro o restricción de visas corresponde a una decisión soberana de cada Estado y que no implica, por sí mismo, una condena penal.
“Una cosa es el retiro de las visas. Eso es competencia, atribución de un Estado para ver qué ciudadanos tienen derecho a ingresar y qué ciudadanos no”, afirmó.
La declaración se produce después de que Estados Unidos incluyera al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, entre los bolivianos afectados por restricciones de visa. Según reportes publicados sobre la decisión estadounidense, Mariaca fue señalado por Washington por presuntos actos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico; el fiscal ha rechazado las acusaciones.
Gobierno pide elementos a Estados Unidos
Consultado específicamente sobre si Bolivia cuenta con información que vincule a Mariaca con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Oviedo confirmó que el Gobierno ya realizó una solicitud de información a Estados Unidos.
“Ya se ha solicitado la información. No soy funcionario de Bolivia o de los Estados Unidos, yo soy funcionario del Gobierno de Bolivia”, respondió el ministro.
El caso adquiere relevancia porque Marset fue capturado en Santa Cruz en marzo de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos. Tras su captura, las autoridades bolivianas desplegaron nuevos operativos contra personas presuntamente vinculadas con su estructura.
La Asamblea entra en escena por el caso Mariaca
Oviedo también explicó por qué la Asamblea Legislativa Plurinacional intervino en el debate sobre la situación del Fiscal General.
“La primera, la de legislar, y la segunda, la de fiscalizar”, señaló al referirse a las atribuciones constitucionales del Legislativo y a su relación institucional con la designación del titular del Ministerio Público.
El pronunciamiento se da en momentos en que el caso Mariaca abrió un debate político e institucional sobre las consecuencias que podrían tener las acusaciones estadounidenses y sobre la necesidad de conocer los elementos que las sustentan. El Gobierno ha señalado que solicitará información adicional antes de avanzar en eventuales investigaciones.
“Una política sin retroceso”
Frente a las consultas sobre posibles nuevas denuncias contra ciudadanos bolivianos por presuntos vínculos con el narcotráfico, Oviedo sostuvo que el Gobierno mantendrá su política de persecución contra este delito.
“Ustedes conocen ya la política del Gobierno. Es una política democrática, es una política sin retroceso”, afirmó.
El mensaje coloca la lucha antidroga como uno de los ejes de seguridad del Gobierno y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que las denuncias provenientes de Estados Unidos sean contrastadas con información y pruebas que permitan determinar eventuales responsabilidades dentro de Bolivia.
El punto central ahora es qué información entregará Washington y qué acciones adoptarán las autoridades bolivianas a partir de esos elementos.
