El alcalde Manuel “Mamén” Saavedra pasó de los anuncios a la inspección directa de los micros y talleres donde se realizan reparaciones a las unidades del transporte público.
La autoridad municipal estableció un plazo de 30 días para que los propietarios reparen los vehículos que presentan deficiencias, especialmente aquellas que afectan las condiciones mínimas de seguridad y comodidad de los pasajeros.
El advertido es claro: los micros que no sean reparados dentro del plazo serán retirados del servicio.
Pero el municipio abrió además un segundo frente. Los transportistas tendrán 60 días hábiles para registrar sus unidades, con el objetivo de que la Alcaldía tenga identificados los vehículos que efectivamente prestan el servicio público en la ciudad.
PASAJE MÁS CARO, MAYOR EXIGENCIA
La decisión coloca al transporte público frente a una nueva ecuación: si el usuario paga más, también exige un servicio acorde con ese costo.
La discusión sobre el pasaje dejó de estar concentrada únicamente en cuánto debe pagar el pasajero. Ahora incorpora otra pregunta: ¿qué condiciones deben cumplir los micros para seguir circulando?
Para la Alcaldía, el incremento tarifario debe ir acompañado de medidas que permitan mejorar progresivamente las condiciones del transporte.
De ahí que el municipio haya colocado plazos concretos para dos tareas: reparar los vehículos y registrar las unidades.
LA AMENAZA DE SACAR MICROS DE CIRCULACIÓN
El punto de mayor impacto político será el cumplimiento del plazo de 30 días.
Retirar unidades deterioradas de circulación puede generar presión sobre los propios operadores y sobre la capacidad del sistema para cubrir la demanda de pasajeros, particularmente en las líneas con mayor cantidad de vehículos observados.
Por ello, el desafío para la Alcaldía será convertir el anuncio en fiscalización efectiva, con controles uniformes y verificables.
La pregunta que queda abierta es si, después de los 30 días, el municipio efectivamente retirará los micros que incumplan o si el plazo terminará ampliándose.
Por ahora, el mensaje de Saavedra es concreto: 30 días para reparar, 60 días para registrarse y mayor control sobre un servicio que moviliza diariamente a miles de cruceños.
La batalla por mejorar el transporte público entra así en una nueva etapa: más tarifa para el usuario, pero también más obligaciones para el transportista y más responsabilidad para la Alcaldía.
