El presidente Rodrigo Paz elevó el tono frente a la posibilidad de nuevos bloqueos de carreteras y advirtió que quienes incurran en acciones consideradas ilegales deberán responder ante la justicia.
El mandatario sostuvo que su Gobierno mantendrá el diálogo con los sectores sociales, pero remarcó que el derecho a la protesta no implica autorización para impedir la libre circulación.
“Siempre hemos dialogado, los 53 días no se hizo uso de la fuerza”, afirmó Paz, al referirse al conflicto que durante mayo y junio paralizó distintos puntos del país.
El jefe de Estado reconoció que la protesta constituye un derecho, pero estableció una diferencia entre la movilización social y el bloqueo de caminos.
“Estarían muy equivocados en bloquear, hoy día lo que Bolivia necesita es producir”, señaló.
La advertencia del Gobierno
Paz fue categórico al referirse a quienes eventualmente decidan instalar nuevos puntos de bloqueo:
“El que esté en esa actitud se va a ir a la cárcel”.
Y agregó: “En Bolivia se está cumpliendo la ley y la ley se va a cumplir”.
La advertencia se produce después de los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, conflicto que el Gobierno atribuyó a estructuras vinculadas al narcotráfico y al narcoterrorismo. En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Paz sostuvo que esas movilizaciones habrían sido financiadas por el narcoterrorismo.
El Gobierno volvió a sostener esa acusación el 1 de octubre. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las investigaciones y la detención de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico permitieron establecer el origen de recursos que, según el Ejecutivo, fueron destinados a los bloqueos. Se trata de una acusación gubernamental que deberá ser respaldada por las investigaciones y las decisiones judiciales correspondientes.
Producción frente a confrontación
El mensaje presidencial coloca nuevamente el conflicto entre protesta social, libre tránsito y aplicación de la ley en el centro de la agenda política.
Paz sostiene que Bolivia necesita recuperar la producción, las exportaciones, la inversión y el empleo, mientras advierte que nuevos bloqueos tendrán consecuencias legales.
El desafío para el Gobierno será mantener el diálogo anunciado por el propio Presidente y, al mismo tiempo, determinar mediante las instancias correspondientes cuándo una movilización constituye ejercicio del derecho a la protesta y cuándo deriva en una conducta sancionable por la legislación boliviana.
La señal política de Paz es clara: diálogo para las demandas sociales, pero cárcel para quienes crucen —según la justicia— la línea de la ilegalidad.
