La nueva directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, encabezada por Luisa Nayar, enfrenta cuestionamientos por la decisión de destinar recursos públicos al alquiler de un inmueble que, según las denuncias y observaciones surgidas, habría sido construido sin cumplir plenamente las normas municipales.
El edificio, ubicado sobre la calle Ñuflo de Chávez, en inmediaciones de la plazuela Callejas, es utilizado actualmente para albergar oficinas de concejales municipales.
La controversia no se limita al inmueble. También pone bajo la lupa la coherencia entre el discurso político de la actual presidenta del Concejo y las decisiones adoptadas desde que asumió la conducción del órgano deliberante.
Nayar fue una de las voces que durante los últimos años cuestionó con dureza la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, particularmente por el manejo de los recursos públicos y el funcionamiento de la institucionalidad municipal. Por ello, la contratación de un edificio presuntamente fuera de norma genera una pregunta inevitable: ¿qué cambió ahora?
El caso también plantea interrogantes sobre el proceso de contratación. Hasta el momento, no se conoce públicamente el monto que el Concejo pagará por el alquiler, la duración del contrato, la identidad del propietario, las condiciones pactadas ni los informes técnicos y legales que respaldaron la decisión.
Si el inmueble efectivamente incumple las normas municipales, la situación adquiere una dimensión especialmente delicada: ¿puede una institución pública que debe fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales utilizar recursos de los contribuyentes para alquilar un edificio que presuntamente no las cumple?
No se trata únicamente de cuestionar un contrato de alquiler. Se trata de establecer si existen los mismos estándares para los ciudadanos y para las instituciones que administran recursos públicos.
La nueva directiva del Concejo tiene la oportunidad de despejar las dudas con transparencia: hacer público el contrato, el monto del alquiler, los informes técnicos y legales, además de explicar bajo qué criterios se seleccionó el inmueble.
Porque si durante años se reclamó transparencia, institucionalidad y respeto a las normas, la ciudadanía tiene derecho a exigir que esos mismos principios se apliquen cuando quienes toman las decisiones son ahora los que administran el dinero público. //DTV//
