La Gobernación de Santa Cruz busca avanzar hacia la institucionalización de la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y recuperar el respeto a sus competencias en materia de uso de suelo. Ambas demandas forman parte de las determinaciones aprobadas este jueves por unanimidad en la segunda sesión de la Comisión Agraria Departamental (CAD).
La reunión, presidida por el gobernador Juan Pablo Velasco, contó con la participación de los 14 integrantes de esta instancia, que aprobaron cuatro puntos orientados a fortalecer el saneamiento agrario, la seguridad jurídica y la planificación productiva del departamento.
Una de las principales decisiones establece iniciar el proceso para conformar una terna de candidatos a ocupar la Dirección Departamental del INRA, como parte de una ruta de institucionalización de ese cargo.
Velasco destacó que la agenda abordó asuntos estratégicos para el desarrollo productivo cruceño, entre ellos el saneamiento agrario, la distribución de tierras fiscales, la conversión de pequeña a mediana propiedad y los avances hacia la titulación individual.
Exigen al Gobierno inscribir $us 40 millones del BID
La vicegobernadora Paola Aguirre informó que uno de los dictámenes aprobados contempla una exhortación al Gobierno nacional para incorporar en el Presupuesto General del Estado los $us 40 millones correspondientes a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estos recursos están destinados a fortalecer la capacidad operativa del INRA y de las gobernaciones para acelerar la conclusión del saneamiento agrario.
Aguirre sostuvo que la disponibilidad de ese financiamiento es fundamental para avanzar en un proceso que tiene implicaciones directas sobre la seguridad jurídica de los productores y propietarios rurales.
Gobernación reclama respeto a sus competencias
Otro de los puntos centrales fue la exigencia de respetar la competencia de la Gobernación para emitir los certificados de uso de suelo en el área rural.
Aguirre observó que el INRA no estaba requiriendo estos documentos durante determinados procedimientos y que, en su lugar, utilizaba certificaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), pese a que, según la autoridad departamental, tienen alcances diferentes y no sustituyen los certificados que corresponden emitir a la Gobernación.
“Se debe asegurar que se respete la vocación de uso de suelo de toda el área rural de nuestro departamento, a través de la certificación que debe emitir la Gobernación mediante sus instancias técnicas competentes”, afirmó.
La controversia pone sobre la mesa la necesidad de delimitar y respetar las atribuciones de las instituciones nacionales y departamentales en la administración territorial.
Mesas técnicas para revisar la situación agraria
La CAD también determinó conformar mesas técnicas para analizar información oficial sobre el saneamiento y la dotación de tierras, la disponibilidad de tierras fiscales y la situación de los avasallamientos en Santa Cruz.
Asimismo, se revisarán los procedimientos de conversión de pequeña a mediana propiedad y los criterios para verificar el cumplimiento de la Función Social.
La directora departamental del INRA, Mónica Justiniano, destacó el consenso alcanzado entre los 14 comisionados y confirmó que los cuatro puntos de la agenda fueron aprobados por unanimidad.
Explicó que las mesas técnicas permitirán elaborar dictámenes que serán presentados ante las instancias competentes para hacer conocer los reclamos, observaciones, peticiones y demandas de los integrantes de la Comisión.
La decisión marca una nueva agenda agraria para Santa Cruz: institucionalizar el INRA, acelerar el saneamiento, garantizar seguridad jurídica sobre la tierra y evitar que las competencias departamentales sean desplazadas por decisiones de instancias nacionales.
