Santa Cruz paraliza actividades este viernes en rechazo a los datos del Censo 2024 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así lo resolvió la Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de la institucionalidad regional, anoche en la sede de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
Después de varias de discursos de representantes de diferentes instituciones y sectores miembros del Comité Pro Santa Cruz, en el que exigían adoptar medidas de presión por el los datos del Censo, la crisis económica y los incendios provocados, especialmente en la Chiquitania, Fernando Larach, presidente cívico leyó una resolución con varias demandas y determinaciones.
Además del paro de 24 horas de este viernes, se resolvió crear una comisión técnica a la cabeza de la Universidad Gabriel René Moreno que trabaje de forma permanente en la revisión de los datos del Censo. También se solicitará a la Brigada Parlamentaria la elaboración y tramitación de una nueva ley intercensal que asegure la distribución de recursos según la población cada cierto tiempo.
En el documento leído por el presidente del ente cívico, Fernando Larach, se rechazó los resultados del Censo, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se denunció que hubo un “fraude” que afectó a cientos de miles de habitantes de la región y del país.
“Como medida de protesta, ante el fraude Censal del INE y promovido por el Gobierno central, se declara paro cívico departamental de 24 horas, el mismo que se hará efectivo a partir de las 00.00 de este viernes 6 de septiembre”, señala la medida asumida.
Otra de las acciones asumidas es conformación de una comisión técnica integrada por la Gobernación, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Comité Pro Santa Cruz para continuar con los trabajos técnicos, encuestas o conteos “que sean necesario” para documentar y corroborar la “irregular y dolorosa ejecución del Censo”.
Con esa información se busca gestionar la apertura de un proceso penal y, si corresponde, un juicio de responsabilidades contra “quienes resulten implicados en semejante estafa”.
También se exigió a los miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña la elaboración y trámite, en las instancias que correspondan, de una ley que viabilice la encuesta intercensal correctiva para que en la próxima legislatura se tengan indicadores demográficos confiables y actualizados para su aplicación inmediata en la asignación de recursos económicos a las entidades territoriales autónomas.
Se pidió además a los legisladores nacionales cruceños extremar las gestiones para lograr la abrogación y derogación de las leyes “incendiarias” y se instó al Ejecutivo nacional la abrogación de los decretos supremos que hacen parte de las “normas incendiarias”.
Otro de los puntos aprobados fue el construir e impulsar en todo el país la concertación de un proyecto de pacto fiscal que, junto al resto de los departamentos y municipios de Bolivia, generar una nueva estructura de distribución porcentual de recursos públicos que “acapara el centralismo en perjuicio de los departamentos, municipios y universidades”.
De cara a las próximas elecciones generales de 2025, se reiteró además la exhortación a los partidos políticos a conformar una alianza nacional para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS).
