El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó al Gobierno nacional una medida de emergencia para contener el impacto económico generado por el nuevo precio del diésel: eliminar temporalmente el IVA y el Impuesto a las Transacciones (IT) aplicados al diésel importado y comercializado durante 90 días.
La propuesta apunta a reducir la carga tributaria que incide sobre el combustible y, con ello, generar un alivio transitorio para sectores que enfrentan de manera directa el incremento de los costos, principalmente el transporte, la producción, el comercio y las familias.
Velasco planteó que este periodo de 90 días sirva como una ventana de transición para que el Gobierno pueda ordenar las nuevas estructuras tarifarias del transporte público, evaluar el comportamiento de los precios y diseñar mecanismos de apoyo dirigidos a los sectores más vulnerables.
> “Tenemos que proteger a los sectores más vulnerables durante esta transición”, sostuvo el gobernador.
La autoridad también respaldó la necesidad de revisar el esquema de subvención a los combustibles, al considerar que el Estado no puede mantener indefinidamente un mecanismo mediante el cual compra combustible a precios elevados para comercializarlo internamente por debajo de su costo.
Sin embargo, Velasco plantea que el cambio debe estar acompañado de medidas transitorias que eviten que el costo de la transición recaiga de manera inmediata sobre los hogares y la actividad económica.
Una pausa tributaria para contener el golpe
La propuesta de eliminar el IVA y el IT durante 90 días tiene como objetivo crear un margen de maniobra mientras se acomoda la economía al nuevo escenario de precios de los combustibles.
El planteamiento incorpora además la necesidad de contener las presiones inflacionarias, particularmente aquellas que pueden trasladarse desde el transporte hacia el precio de los alimentos, productos y servicios.
En ese sentido, el gobernador propone que los 90 días sean utilizados para establecer una hoja de ruta que permita ordenar tarifas, identificar a los sectores más afectados y aplicar apoyos focalizados, en lugar de trasladar de manera inmediata todo el impacto del nuevo precio del diésel a la economía de los bolivianos.
La iniciativa coloca sobre la mesa una alternativa de transición: mantener la nueva política de combustibles, pero reducir temporalmente su carga tributaria para amortiguar el impacto económico mientras se implementan medidas de protección y adaptación.
