El Ministerio de Economía, mediante comunicado, informó que el incremento salarial en las empresas públicas se determinará en base a lineamientos establecidos por el Decreto Supremo 2348 de 2015, el cual fue emitido para este ámbito.
Esta norma señala que el porcentaje de incremento en empresas públicas no podrá ser superior al aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta y disponibilidad financiera de cada entidad. Para tener el aumento salarial, según el decreto, las empresas deben demostrar aspectos como la sostenibilidad financiera en su flujo de caja y haber generado utilidad la gestión anterior.
También establece que el incremento deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio, no debiendo implicar: ajuste en los precios de los productos o servicios prestados ni uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital del Tesoro General.
Hay descontento en algunos sectores públicos por esta decisión, uno de ellos es el judicial. La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, exteriorizó preocupación debido a que los funcionarios judiciales no serían beneficiados con el alza salarial en 2022 y estaría pendiente una reposición salarial desde el año pasado.
“Lo que es el incremento salarial que ha anunciado el presidente de la república, en el cual no se considera en este caso a los funcionarios del Órgano Judicial, estamos preocupados porque el 2021 sufrimos un descuento en los salarios”, dijo Bolling, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
Recordó que en 2021 hubo una reducción presupuestaria que afectó el salario del personal del Órgano Judicial. “Supuestamente tendría que habérsenos repuestos el salario en tres meses, situación que no se ha concretado hasta la fecha. Es importante mencionar esta situación y un reclamo que lo estamos haciendo de manera constante, tanto al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo para que se hagan acciones tendientes a la reposición de nuestro salario”, explicó
Como ejemplo mencionó el caso de un oficial de diligencia, un auxiliar que percibe un salario de 2.340 bolivianos, que además tiene sus descuentos, pero debe trabajar más allá de ocho horas al día. Consideró que ese no es un salario justo. “Levantamos la voz, pidiendo un reconocimiento, una reposición de nuestro salario” agregó.
El incremento al haber básico de 3%, decidido por el gobierno, sólo será para los trabajadores de salud y educación en el sector público.
