El presidente Rodrigo Paz afirmó que no teme a las movilizaciones sociales, pero sí a la falta de respuestas para el país, en el marco de una reunión con autoridades departamentales electas de cara al inicio de su gestión.
“Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones (…) a lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, sostuvo el mandatario, quien instó a repensar la forma de gestión del Estado y la representatividad política rumbo a su posesión prevista para el 4 de mayo.
Mientras tanto, el conflicto social se intensifica. La marcha indígena que partió desde Pando ya llegó a Caranavi tras casi dos semanas de recorrido y avanza hacia La Paz, con demandas centradas en la abrogación de la Ley 1720 y el abastecimiento de diésel.
La movilización, que sumó refuerzos desde San Ignacio de Moxos, denuncia que la normativa sobre reconversión de tierras afecta a territorios indígenas y pequeños productores, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión contra el Ejecutivo.
Desde la Asamblea Legislativa, el diputado Alejandro Reyes advirtió una “rearticulación de demandas con tintes políticos” y pidió aplicar mayor firmeza ante las protestas, además de acelerar la denominada Ley Antibloqueos.
En contraste, la diputada oficialista Claudia Bilbao aseguró que el Gobierno mantiene apertura al diálogo y recordó que se evalúan ajustes a la Ley 1720 para proteger la pequeña propiedad, aunque también alertó sobre intereses políticos detrás de algunas movilizaciones.
A la protesta indígena se sumó el respaldo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que anunció apoyo “moral y material” a la marcha, reforzando la presión social.
En paralelo, el sector transporte también se moviliza. La Cámara Departamental de Transporte de La Paz declaró estado de emergencia y anunció marchas y bloqueos desde este lunes, denunciando la persistente escasez de combustibles y pérdidas económicas acumuladas.
Los transportistas cuestionan el rol de Trafigura y exigen soluciones inmediatas al suministro de diésel, en una coyuntura que amenaza con agravar el abastecimiento y la circulación en el occidente del país.
El escenario evidencia una creciente presión multisectorial sobre el Gobierno, en un contexto donde las demandas sociales, económicas y territoriales convergen y elevan la incertidumbre sobre la gobernabilidad en el inicio de la nueva administración.
