Por MS.c Hugo Salvatierra Rivero, periodista y docente universitario
En Santa Cruz y en toda Bolivia, estamos viviendo tiempos de una profunda pérdida de valores. Los actos de corrupción se han convertido en el “pan nuestro de cada día”, un problema que parece no tener fin.
Fernando Savater, un influyente filósofo hispanoamericano, argumenta que la crisis de valores, como la que enfrenta Bolivia, experimenta no se limita a cuestiones legales o de seguridad, sino que representa un desafío fundamental para el deseo de vivir plenamente. La corrupción representa, en última instancia, un acto de autosabotaje. El individuo corrupto persigue una ganancia ilusoria, pero, de facto, menoscaba su capacidad para coexistir en una sociedad que promueva la dignidad y la humanidad.
Esta es una realidad dolorosa y, lamentablemente, muy palpable. Cuando la corrupción se normaliza, se fractura la confianza básica que sostiene a una sociedad. En contextos como el nuestro, esto no solo afecta la economía, sino que genera un sentimiento de indefensión en el ciudadano común.
Esta pérdida de valores constituye un vacío ético abordado desde distintas perspectivas. Como advierte el influyente sociólogo Zygmunt Bauman, la normalización de la corrupción es el síntoma de una sociedad que ha “licuado” sus principios en favor del beneficio inmediato. Por su parte, Adela Cortina sostiene que una sociedad sana requiere una “ética de mínimos” basada en la justicia y el respeto; cuando estos valores se pierden, caemos en la indiferencia hacia el prójimo y en la incapacidad de indignarnos ante lo indebido.
La corrupción es un ciclo difícil de romper porque suele alimentarse de la impunidad. Sin consecuencias claras, el incentivo para actuar con ética se traslada únicamente a la conciencia individual, la cual debe luchar contra un sistema que parece premiar lo opuesto.
Considero que ha llegado la hora de crear una organización, respaldada por la institucionalidad cruceña, que se encargue del seguimiento de la gestión pública, para pasar de la indignación ciudadana a la acción. La creación de una organización social de fiscalización no es solo una alternativa, sino una necesidad democrática cuando los mecanismos institucionales han sido superados o cooptados. Su existencia se justifica por razones de peso que van más allá de lo legal.
Guillermo O’Donnell, uno de los politólogos más influyentes de América Latina, explica en sus teorías sobre la rendición de cuentas (accountability) que no basta con votar cada cinco años para que un país sea una democracia plena. Cuando el Estado falla en controlarse a sí mismo debido a la corrupción y no existen instituciones fuertes en su interior, la democracia se erosiona hasta convertirse en un régimen autoritario bajo una fachada electoral.
Crear una organización de este tipo no solo es necesario, es elemental, porque el silencio y la pasividad son el fertilizante de la corrupción. Si el ciudadano no vigila lo que es suyo, el administrador termina creyéndose dueño del patrimonio público.
Para que una propuesta de esta naturaleza no se quede solo en intenciones, podría estructurarse bajo un Pacto de Integridad Regional con acciones muy concretas. La idea está lanzada; esperemos que caiga en tierra fértil.
