El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este miércoles que el Gobierno firmó un acta de coordinación y trabajo con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) sobre la Ley 1720 y abrió la posibilidad de revisar la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones.
“Queremos que se logren acuerdos entre estas dos visiones de Bolivia. Démonos la oportunidad, no solo ponernos en una encrucijada de eliminar del todo o no, sino ampliar el sentido de la ley para que abarque a todos los bolivianos”, afirmó Gálvez en conferencia de prensa.
Según el Acta de Coordinación y Trabajo firmada este 6 de mayo por el presidente Rodrigo Paz y dirigentes de la CSUTCB, el Gobierno se comprometió a realizar gestiones ante la Asamblea Legislativa para la abrogación de la Ley 1720 y la elaboración de un nuevo proyecto consensuado con todos los sectores involucrados.
Gálvez explicó que el Gobierno no puede anular directamente la Ley 1720 porque esa atribución corresponde a la Asamblea, que fue además la instancia donde se aprobó la norma.
La Ley 1720 cambia el carácter de la pequeña y mediana propiedad rural para que pueda ser sujeta a crédito bancario. Campesinos e indígenas llegaron a La Paz el lunes en una marcha que partió desde Pando en rechazo a la norma y exigiendo su abrogación.
El acuerdo también establece respaldo de la CSUTCB al Gobierno y el pedido de aprobar créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para saneamiento de tierras. Además, se garantiza el abastecimiento y la calidad de los combustibles y continuar con resarcimientos por daños a vehículos.
El acta incluye además demandas de la organización campesina, que solo se mencionan, como la reducción del 50% del salario de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la denominada Ley Antibloqueo.
La CSUTCB aclaró que mantendrá el estado de emergencia nacional si los problemas del país no son atendidos. /Erbol/
