La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este martes que la crisis social que atraviesa Bolivia ya tiene “graves” impactos sobre los derechos humanos de la población. El organismo señaló que los bloqueos y protestas registrados desde inicios de mayo provocaron problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno, además de dejar al menos siete fallecidos, decenas de heridos y centenares de personas arrestadas.
En un comunicado desde Washington, Estados Unidos, la CIDH expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social y exhortó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a priorizar el diálogo para evitar una mayor profundización de la crisis.
“Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”, señaló la Comisión.
El organismo observó que las movilizaciones se desarrollan en plena crisis económica, polarización política y pérdida de confianza entre distintos sectores sociales y el Gobierno. Asimismo, recordó que las protestas tienen que ver con demandas relacionadas con el empleo, el abastecimiento de alimentos, el acceso a combustibles y la estabilidad económica, además de exigencias políticas como la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La CIDH indicó que, hasta el 27 de mayo, se registraron al menos 70 puntos de bloqueo en distintas carreteras del país, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Según el reporte, los cortes de ruta dejaron a la sede de gobierno prácticamente aislada del resto del país y afectaron el suministro de productos esenciales.
Entre los datos más preocupantes, la Comisión citó información de la Defensoría del Pueblo que reporta siete fallecidos en el contexto de la conflictividad.
Cuatro de esas muertes ocurrieron por la falta de atención médica oportuna, una se produjo por impacto de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo en Calamarca y otras dos corresponden a personas movilizadas cuyas circunstancias aún son investigadas por el Ministerio Público.
“La Defensoría del Pueblo documentó, al 24 de mayo, al menos 23 personas heridas de diversa gravedad, incluyendo por disparos, oculares y faciales; entre ellas, manifestantes, transeúntes y agentes policiales”, dice.
La Comisión también manifestó preocupación por el incremento de la violencia durante las movilizaciones y por los enfrentamientos registrados entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos de vecinos. Alertó sobre el riesgo que representan los anuncios de algunos sectores civiles que expresaron su intención de desbloquear rutas por cuenta propia.
“La protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, recordó la CIDH. Sin embargo, añadió que los bloqueos prolongados pueden generar afectaciones graves a otros derechos fundamentales cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos o insumos esenciales.
La CIDH informó que la Defensoría del Pueblo documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, además de cuatro ataques contra equipos periodísticos durante la cobertura de las movilizaciones.
Los periodistas sufrieron “golpes, ataques con piedras y otros objetos contundentes”, lesiones por explosivos, afectaciones por gases lacrimógenos, amenazas y distintas formas de obstrucción a su trabajo.
La Comisión pidió al Estado garantizar la protección de periodistas, personal médico, brigadas de primeros auxilios y defensores de derechos humanos. Asimismo, exhortó a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta legítima y a garantizar el debido proceso para las personas investigadas por hechos relacionados con el conflicto.
Por último, la CIDH reiteró su disposición para acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de cooperación y monitoreo. El organismo insistió en que la salida a la crisis debe construirse a través del diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos que permitan reducir la tensión social y evitar violencia.
