El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las instrucciones atribuidas a Evo Morales para rodear unidades militares y policiales en el Trópico de Cochabamba confirman la denuncia del Ejecutivo sobre una presunta conspiración financiada por el narcoterrorismo para desestabilizar el país.
La autoridad sostuvo que Bolivia no enfrenta un conflicto social tradicional, sino una acción orientada a alterar el orden constitucional y legal. Sus declaraciones surgen después de que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaran vigilias y la toma de instalaciones militares en rechazo a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción.
Desde el sector movilizado, dirigentes advirtieron que la población del trópico responderá ante cualquier intervención de las fuerzas del orden y cuestionaron los alcances de la nueva normativa promulgada por el presidente Rodrigo Paz.
